El ex presidente deberá afrontar lo que sigue del proceso privado de la libertad en su domicilio. La decisión sin precedentes fue tomada de forma unánime por los cinco magistrados que llevan el caso contra el político más popular de las últimas décadas.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó imponer a Álvaro Uribe Vélez detención domiciliaria. Los cinco magistrados que integran el órgano judicial encargado de investigar y acusar al primer senador del Centro Democrático, le resolvieron situación jurídica con la imposición de una medida de aseguramiento de “detención preventiva en su domicilio”.
Uribe deberá responder por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Se trata de un complejo expediente en el que hay cerca de una decena de testigos habrían recibido prebendas a cambio de rendir falsas versiones favorables al ex presidente.
La Corte Suprema detectó que maniobras en ese sentido se dieron con el beneplácito de Uribe y a través de distintos emisarios entre 2015 y 2018; y se habrían repetido entre 2018 y 2019, cuando apareció en escena el polémico abogado Diego Cadena. Este está ahora mismo afrontado una imputación ante un juez por los mismos cargos. La necesidad de la medida de aseguramiento de la Sala de Instrucción contra Uribe se fundamenta en la reiteración, a lo largo de los años, de intentar obstruir a la justicia.
Con la detención domiciliaria la Corte Suprema de Justicia está tratando de proteger lo resta del proceso. Al expediente aún le restan varias pruebas por ser practicadas como lo son, por ejemplo, los testimonios pendientes de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y el Tuso Sierra, quienes están en Estados Unidos. Así mismo, el magistrado instructor, César Reyes, o los abogados de Uribe podrían solicitar la ampliación de versión de algunos de los testigos que ya han declarado.
En detención domiciliaria Uribe podrá recibir visitas y mantener comunicación permanente con el exterior. Sin embargo su movilidad debe restringirse a su lugar de detención. Él mismo deberá elegir e informar a las autoridades judiciales cuál es el domicilio donde cumplirá la detención. También deberá solicitar autorización si quiere cambiar de residencia.
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