Luego de que la JEP diera a conocer las cifras reales de los casos de falsos positivos presentados en el gobierno de Álvaro Uribe entre el 2002 y 2008, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) José Miguel Vivanco, contradijo al político acusándolo de «distorsionar la historia real de los falsos positivos».
El 20 de enero de 2021 dos sicarios intentaron asesinar a Yuli Velásquez, una pescadora y lideresa ambiental de la Ciénaga de San Silvestre, en la región colombiana del Magdalena Medio (centro), que ha venido denunciando la corrupción en el manejo de dinero que debía destinarse a la protección ambiental.
La Refinería de Barrancabermeja de Ecopetrol, que hoy celebra 99 años de existencia, planea inversiones por US$777 millones (alrededor de $2,7 billones) al 2023, en desarrollo de su plan de actualización y reposición tecnológica para continuar asegurando su sostenibilidad operacional y ambiental.
El plan de inversiones, a 2023, estará enfocado en la protección del agua, reducción de emisiones y mejora de los combustibles
Ecopetrol rechaza las amenazas realizadas a líderes sociales de Puerto Wilches que han expresado su desacuerdo con la aplicación de la tecnología conocida como fracking y, en particular, con los proyectos piloto de investigación que se van a realizar en su municipio.
Los campesinos de las veredas en corregimientos como La Fortuna y El Llanito tendrán vías más transitables para poder sacar sus productos y garantizar su actividad económica.
El arribo a Barrancabermeja de la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, doctora, Ligia Stella Chaves Ortiz, quien se suponía garantizaría el derecho a huelga en IMPALA Terminals, se convirtió en una frustración para los huelguistas, porque en lugar de validar este ejercicio legal contemplado en la constitución colombiana, «terminó jugando en favor de la compañía», así lo han expresado líderes sindicales consultados por BARRANCABERMEJA VIRTUAL.
Con esta decisión, la Unión Portuaria, que representa a los trabajadores y líderes sindicales de este puerto fluvial privado en Barrancabermeja, fue, por decirlo así, «deslegitimada» por el propio Ministerio del Trabajo
La alta funcionaria, una vez llegó a Barrancabermeja, ordenó retirar los sellos colocados en las rejillas que dan acceso a las instalaciones de IMPALA, como un mensaje claro por parte del gobierno del presidente Duque, que «ya era hora de normalizar la situación laboral al interior de esta empresa».
Para el dirigente sindical de la Unión Sindical Obrera (USO), Edwin Palma Egea, quien asesoró esta protesta, «el gobierno coartó, de esta forma, el derecho legítimo a la huelga pues avaló una votación ilegal convocada por la empresa y deja el conflicto en el limbo pues ni siquiera se planteó un tribunal de arbitramento». Palma fue directo en señalar que esa actuación «es una agresión contra el derecho de asociacion, de negociación colectiva y de huelga».
Alvaro Hernández Acevedo, vocero del sindicato Unión Portuaria de Barrancabermeja, que reúne a los trabajadores sindicalizados de IMPALA Terminals, explicó que el conflicto data del 15 de diciembre cuando se presentó el pliego de peticiones que incluyó cinco capítulos y 32 artículos que incluyen: garantías laborales, sindicales, protección laboral y seguridad en el trabajo.
A partir del 21 de diciembre se iniciaron las negociaciones, pero el 9 de enero las partes se levantan sin que se registre acuerdo alguno.
El sindicato, que es minoritario, basándose en el Código Sustantivo de Trabajo convocó a votaciones entre sus afiliados de manera virtual para lo cual era necesario que IMPALA suministrara el listado total de los trabajadores porque las votaciones se harían de manera electrónica por respeto a la salud e los trabajadores dada la pandemia del coronavirus, que aún sigue siendo una amenaza de salud pública en Barrancabermeja y la zona del Magdalena Medio.
Las votaciones tuvieron acompañamiento del Ministerio pues estos debían certificar que eran transparentes, personales, secretas e indelegables.
Según el sindicato, IMPALA cuenta con 177 trabajadores, según lo indica el registro único empresarial y social, (la empresa no suministró el listado).
Con 91 trabajadores que votaron la huelga se garantizaba la mitad más uno, como lo ordena la norma.
Con este resultado se fijó la hora cero, para el 1 de febrero, pero prefirieron esperar hasta último momento para negociar y evitar la huelga, por esa misma razón le pidieron al Ministerio que intercediera. Es así como a través de Carlos Andrés Quiñónez, del Ministerio del Trabajo, las partes tuvieron un nuevo acercamiento e incluso lograron sortear dos sesiones, pero en la última la comisión de la empresa se levantó de la mesa.
El 1 de febrero el sindicato se hizo acompañar del Ministerio del Trabajo para que se instalaran los sellos a las puertas de entrada a las instalaciones de IMPALA, pero la compañía impidió que estos fueran colocados, motivo por el cual se levantó un acta en el sitio, por parte de la regional, dejando constancia de la imposibilidad de hacer esta diligencia.
Dos funcionarios de esta oficina, con sede en Bucaramanga, finalmente colocaron los sellos. Eso ocurrió el 5 de febrero. Ese mismo día la empresa promovió una votación entre sus trabajadores no sindicalizados que arrojan un resultado de 85 trabajadores a favor de levantar la huelga. Sin embargo, esa votación fue inferior a la que votaron los trabajadores cuando fue aprobada.
Basados en lo anterior, la administración de IMPALA exige el levantamiento de los sellos, pero en las oficinas territoriales de Bucaramanga y Barrancabermeja se negaron a hacerlo, fue entonces como la viceministra del Trabajo, Ligia Stella Chavez, hizo presencia en Barrancabermeja, el 11 de febrero.
La alta funcionaria, con el mensaje de propiciar el acuerdo, ingresa con unos inspectores que terminaron por aprobar el levantamiento de los sellos, en contra del movimiento huelguístico, validando la votación adicional que IMPALA —inesperadamente— «sacó del sombrero» y con los cuales rompió la huelga.
Este es el resumen del primer capítulo del conflicto labora entre la empresa IMPALA en Barrancabermeja y sus trabajadores.
De momento queda claro que el gobierno del presidente Iván Duque respalda a los empresarios.
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Ecopetrol debería enfocarse en cambiar el petróleo por energías renovables y el gobierno debería buscar recursos en otra parte.
“Mismo abogado, mismo método. La justicia es un rey de burlas para los poderosos colombianos” publicó el popular columnista Daniel Coronell en sus redes sociales.
