Hablar de “blindaje institucional” cuando amplios sectores del país sienten desconfianza frente al sistema electoral no solo resulta imprudente, sino profundamente irresponsable.
Luego de la entrevista concedida por el candidato Iván Cepeda a Caracol Televisión, la sensación generalizada que quedó entre amplios sectores de la opinión pública fue la de un aspirante sólido, estructurado, serio y, sobre todo, muy bien preparado para gobernar el país.
El corregimiento de El Centro, en Barrancabermeja, sigue esperando la materialización de una promesa que durante años alimentó la esperanza cultural y social de sus habitantes: la reconstrucción del Teatro Unión.
En el departamento de Santander, el apellido Aguilar ha sido protagonista de la política regional durante décadas. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de polémicas, procesos judiciales y cuestionamientos éticos que han marcado la percepción pública sobre este poderoso clan familiar.
La ausencia de Iván Cepeda en la consulta del llamado centro progresismo logró, al menos por ahora, romper la unidad dentro de los amigos del gobierno.
En Colombia se vive un momento de profunda tensión institucional. Un magistrado del Consejo de Estado suspendió el decreto que fijaba un incremento del 23% del salario mínimo y establecía un salario mínimo vital, una decisión que impacta directamente a 2,5 millones de personas que esperaban un alivio frente al aumento del costo de vida.
La pregunta sobre por qué muchas iglesias cristianas guardan silencio ante las revelaciones asociadas al caso Epstein no es menor ni superficial.
La Fiscalía General de la Nación fue clara y contundente: exdirectivos de la Nueva EPS habrían alterado de manera sistemática los estados financieros entre 2019 y 2022.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le impidiera a Iván Cepeda participar en la consulta del ocho de marzo, el escenario político colombiano entró en una zona de turbulencia profunda.
La representante a la Cámara por Bogotá, Mafe Carrascal, lanzó una dura denuncia contra la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, a quien acusa de tomar decisiones que van en contra del interés público y de profundizar un modelo de privatización progresiva de los servicios y bienes de la ciudad.
