En medio de una intensa discusión en el concejo distrital de Barrancabermeja sobre el futuro del alumbrado público, crece la preocupación entre la ciudadanía y diversos veedores ciudadanos.
Lo que inicialmente se presentó como un proyecto enmarcado en la llamada “transición energética” ha terminado por encender las alarmas debido a posibles implicaciones jurídicas, financieras y administrativas que podrían afectar el control público sobre este servicio esencial.
Uno de los aspectos que más inquieta a la opinión pública es el silencio de actores políticos relevantes.
Ex Alcaldes que hoy se perfilan como candidatos para regresar al poder, así como otras figuras con aspiraciones electorales, han optado por no pronunciarse frente a un tema que impacta directamente a la comunidad.
Esta ausencia de voces críticas y propositivas en un momento clave ha sido interpretada por algunos sectores como una falta de compromiso con los intereses ciudadanos.
Panorama poco alentador
De acuerdo con analistas independientes, el panorama dentro del concejo no es alentador para quienes cuestionan el proyecto. Se percibe como una corporación “obediente”, lo que sugiere que la iniciativa será aprobada sin mayores obstáculos.
El proyecto propone trasladar la administración de los recursos del alumbrado público, actualmente en manos de Iluminación Yariguíes, hacia una nueva empresa de economía mixta, lo que ha generado sospechas sobre un posible cambio de operador sin beneficios claros para la ciudad.
El debate revive preocupaciones recientes sobre el papel del concejo en el control político.
En discusiones anteriores, como la relacionada con la PTAR, quedó la sensación de que algunos concejales aprobaron iniciativas sin pleno conocimiento de su alcance. Este antecedente incrementa la desconfianza frente a decisiones de alto impacto como la actual.
Expertos han señalado que el concejo distrital no tendría la competencia para delegar la potestad de recaudo del impuesto de alumbrado público a una sociedad por acciones simplificada (SAS).
Privatización encubierta
Según el análisis del articulado, más allá del discurso de modernización energética, el objetivo central sería transferir el recaudo a un tercero privado, configurando una posible privatización encubierta de un tributo público.
Particularmente polémico resulta el Artículo 4, numeral 5 del proyecto, que establece una participación accionaria del 51% para el Distrito y 49% para el privado. Sin embargo, las decisiones requieren el 90% de aprobación, lo que en la práctica otorga al socio privado un poder de veto absoluto.
Esto significa que, aunque el Distrito sea mayoritario en papel, no podría tomar decisiones estratégicas sin el consentimiento del privado, desnaturalizando el carácter público de la entidad.
El impacto de esta jugarreta sería significativo
El control efectivo pasaría al socio privado, limitando la autonomía del Distrito y generando dudas sobre la transparencia y el interés público en la gestión del servicio.
Ante este escenario, abogados cercanos a la actual operación han anunciado acciones legales, incluyendo demandas de nulidad del acuerdo y procesos de pérdida de investidura contra los concejales que aprueben la iniciativa.
El debate sigue abierto, pero la tensión en la ciudad es evidente y el desenlace podría marcar un precedente clave en la administración de los recursos públicos.
