La plenaria del congreso dio el visto bueno al proyecto que modifica la Ley de Regalías.
Esta ley es la que determina cómo se van a distribuir los recursos provenientes de las actividades petroleras y de otras fuentes de energía no renovables en el país.
Con los nuevos cambios que aplicaron, los recursos que se destinan para aquellos departamentos y municipios en donde se adelante explotación de recursos naturales no renovables (como el caso de Barrancabermeja) «pasaron de 11% a 20%», esto incluye a aquellos municipios que poseen puertos por donde se transportan estas materias primas.
Adicionalmente, se le asignó 5% adicional a aquellos municipios productores que no contaban con ningún porcentaje.
Otro 15% fue asignado para los municipios más pobres del país, que anteriormente recibían 10,7%.
Para la senadora Esperanza Andrade, ponente de la reforma, esta decisión se tomó para contribuir al mejoramiento de las necesidades básicas de la población.
«De 1.101 municipios que hay en el país 700 son pobres en una categoría 6, de manera que les van a llegar recursos para que haya inversión sobre todo en saneamiento de agua potable y vías» dijo la congresista.
Otra partida de 34% será invertida en proyectos regionales de las entidades territoriales, los cuales estarán enfocados en: necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo. Este porcentaje no presentó cambios.
La partida definida para el desarrollo de ciencia y tecnología tuvo un aumento de 5 puntos porcentuales por lo que pasó de 9,5% a 10%.
El proyecto también define que se destinará 1% para la protección de áreas ambientales, los ecosistemas estratégicos y la lucha nacional contra la deforestación, estos recursos no estaban contemplados en la ley anterior.
Respecto a las asignaciones de paz, contarán con 7%, antes estaba por el orden de 6,6%.
El 2% se utilizará para el funcionamiento, la operatividad y la administración del sistema de regalías, también, para la fiscalización de la exploración y la explotación de los yacimientos y la evaluación y monitoreo de las licencias ambientales a los proyectos de exploración y producción.
Finalmente, según se pudo establecer, 1% será para el funcionamiento del sistema de seguimiento, evaluación y control que vigilará el uso eficiente de los recursos, fortaleciendo la transparencia y la participación ciudadana.
El 0,5% de estos recursos de seguimiento se destinará a la Contraloría General de la República.
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