(El acusado fue vinculado con el asesinato de 5 mototaxistas en el puerto petrolero, en casos ocurridos entre febrero y septiembre de 2012, que fueron hallados en zona boscosa del corregimiento El Centro).

(No se le podrá privar de la libertad hasta que los magistrados no le resuelvan su situación jurídca).

Las autoridades judiciales en el puerto petrolero han manifestado que tanto al ex presidente del Concejo Municipal de Barrancabermeja, René Tordecilla Reina, así como al ex pagador del Concejo, Luís Alberto Delgado Cortés, NO se les privará de la libertad hasta que se les resuelva un recurso de apelación, (en segunda instancia), que ya interpusieron en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga.  El artículo 177 de la ley 906 de 2004, (Código de Procedimiento Penal), el cual fue modificado mediante el artículo 13 de la ley 1142 de 2007, permite ahora que el recurso de Apelación produzca un efecto suspensivo de la sentencia, por lo que si bien, estas normas son posteriores a la consumación de los hechos materia de investigación y por las que se les ha juzgado con las disposiciones legales anteriores, se aplica a los (2) dos implicados «el principio de favorabilidad».

Sin embargo, el ex funcionario tiene derecho a apelar el fallo ante un alto tribunal

En las últimas horas se ha conocido la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito en Descongestión de Barrancabermeja que condena, en fallo de primera instancia, a la pena de 10 años y 6 meses de prisión, al ex presidente del Concejo Municipal de Barrancabermeja, René Antonio Tordecilla Reina y al abogado y comunicador social, Luís Alberto Delgado Cortés, quien se desempeñó como pagador y asesor contractual del Concejo Municipal de Barrancabermeja en ese mismo período. Según se ha podido establecer, la sentencia obedeció a la presunta responsabilidad en la pérdida de unos cheques que formaban parte de las cuentas oficiales del Concejo Municipal y cuya vigilancia y custodia estaban bajo la competencia de los 2 ex funcionarios. 

(Más de 30 testimonios de prestantes personalidades de Barrancabermeja, entre ellas la del alcalde Elkin Bueno, habían defendido a David Ravelo).

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a la pena de 18 años de prisión al defensor de los Derechos Humanos y miembro de CREDHOS, David Ravelo Crespo, acusado de ser el autor intelectual del homicidio del ex secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja, David Núñez Cala, ejecutado el 5 de abril de 1991, en el puerto petrolero. Sin embargo, la sentencia judicial ha dividido las opiniones en Barrancabermeja porque mientras los familiares de la víctima exigen la máxima pena contemplada en el código penal, de otro lado organizaciones de Derechos Humanos, el congresista Iván Cepeda y hasta la Unión Sindical Obrera (USO) han rechazado el veredicto por considerarlo de persecución y acosamiento exclusivamente «político» por su condición de dirigente de la izquierda en el Magdalena Medio.

En la ciudad de Barrancabermeja, al igual que en todo el territorio nacional, el Poder Judicial se mantiene en cese de actividades lo que ha generado que se encuentren paralizados, aproximadamente, 790 procesos judiciales entre demandas civiles y penales así como numerosas acciones de tutela.  El doctor, Javier Forero Báez, presidente de Asonal Judicial de Barrancabermeja manifestó que el paro continuará hasta tanto el gobierno nacional acepte las peticiones de reinvindicación laboral que ellos han solicitado y que consideran totalmente justas.

Una fuente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes confirmó que esa célula legislativa decidió abrir investigación formal contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso de la llamada «Yidispolítica».  El pasado jueves 24 de octubre la ex parlamentaria Yidis Medina rindió testimonio ante la Comisión de Acusación y allí enfatizó que fue el mismo ex presidente Uribe el que la incitó para que votara el acto legislativo que permitía la primera reelección presidencial.  La comisión indicó que llamará en noviembre al ex mandatario para que rinda indagatoria.

La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja informó que abrió investigación preliminar en contra del alcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno Altahona, por presuntas irregularidades al expedir el Decreto # 044 de febrero 22 de 2012, en el cual se designó a unos gestores sociales y se autorizó una comisión hacia los Estados Unidos en representación oficial del Municipio de Barrancabermeja, incluyendo a su hermano, Henry Saúl Bueno Altahona, lo que en opinión del Ministerio Público «estaría infringiendo el régimen de inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades entre otras violaciones».
　

(La investigación contra Báez podría favorecer al ex alcalde, Julio César Ardila, actualmente condenado por ese crimen a 28 años de prisión)

Aunque los titulares de prensa a nivel nacional destacan la medida de aseguramiento de Ernesto Báez por cuenta del secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba, la Fiscalía General de la Nación, adicionalmente, informó que el el ex jefe político del «Bloque Central Bolívar» de las Autodefensas, Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, fue afectado con esa orden de captura por el crimen del locutor Emeterio Rivas Rivas, ocurrida en Barrancabermeja el 6 de abril de 2003, hechos por los que resultaron condenados el ex alcalde, Julio César Ardila y sus ex secretarios Abelardo Rueda Tobón y Fabio Pajón Lizcano.

En las próximas horas la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamará a declarar a los ex concejales de Barrancabermeja, Morgan Egea Sánchez y José Agustín Quecho, para que den a conocer sus testimonios y confirmen que el ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, asistió a una reunión celebrada en una finca cercana al municipio de Puerto Berrio, (Antioquia), donde se encontró con ‘Ernesto Báez’ y ‘Julián Bolívar’, para concretar el patrocinio de las Autodefensas a Nelson Naranjo como primer renglón a la Cámara, al igual que el apoyo al ex senador Luis Alberto Gil Castillo, (condenado por parapolítico).

Mediante fallo de única instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años para el ejercicio de cargos públicos al ex representante a la Cámara Alfonso Riaño Castillo, tras encontrarlo responsable de promover y colaborar con grupos paramilitares durante el periodo constitucional 2006 / 2010. La investigación tuvo su origen en las informaciones de prensa y en los pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación.