A raíz de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz se ha generado una gran movilización nacional invitando a la ciudadanía a salir y marchar por la defensa del Acuerdo de Paz el próximo 18 de marzo.
La Procuraduría General de la Nación acaba de publicar una serie de procedimientos que – obligatoriamente – deberán cumplir gobernadores y alcaldes en todo el territorio nacional, tras los escándalos presentados por presuntos sobre costos que se dieron en algunos contratos firmados por los mandatarios regionales.
En la ciudad de Barrancabermeja, al igual que en todo el territorio nacional, el Poder Judicial se mantiene en cese de actividades lo que ha generado que se encuentren paralizados, aproximadamente, 790 procesos judiciales entre demandas civiles y penales así como numerosas acciones de tutela. El doctor, Javier Forero Báez, presidente de Asonal Judicial de Barrancabermeja manifestó que el paro continuará hasta tanto el gobierno nacional acepte las peticiones de reinvindicación laboral que ellos han solicitado y que consideran totalmente justas.
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) expulsó a ‘Jesús Santrich’ y a ‘El Paisa’, junto con los otros desertores del proceso de paz que aparecieron en el video de Iván Márquez donde se hizo el anuncio de iniciar una segunda Marquetalia.
El escándalo generado por los supuestos sobre costos en la modernización de la refinería de Cartagena, ya tocó a una firma comercial con sede en la ciudad de Barrancabermeja. Se trata de la empresa contratista Andamios Anderson, cuyo gerente en esta ciudad es el empresario, Gabriel Traslaviña Rincón, quien también tuvo vínculos comerciales con la administración municipal del ex alcalde, Elkin Bueno Altahona (2.012 a 2.015).
La declaración de Iván Márquez y Jesús Santrich se conoció hace poco a través de un comunicado. Los disidentes aseguraron que en su caso “hay perfidia y traición, no hay derecho para que se arrebate de esta manera a los colombianos el derecho a la paz, por ahora lograron que la posibilidad de poner fin a 50 años de conflicto interno se nos escurriera como agua entre los dedos”, lo que se puede interpretar como que, por ahora, los guerrilleros no tienen intenciones de dejar la Segunda Marquetalia.
Con sorpresa y preocupación, trabajadoras en Barrancabermeja de Chance La Perla, han sentido el rechazo de las directivas de esta empresa que se niega a negociar un pliego de peticiones que le formuló recientemente el sindicato de empleados de esta casa de apuestas, violando de manera clara la ley, especialmente el Artículo 39 de la Constitución de Colombia que dice: «Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución».
En las últimas horas se ha conocido que un ‘pool’ de abogados se prepara para entablar, a partir de la próxima semana, una queja ante el Procurador General de la Nación en contra del Alcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno Altahona y los Concejales del Municipio por la presunta responsabilidad en la aprobación del Acuerdo # 001 de 2012 por medio del cual se le autorizó al gobernante local suscribir contratos y convenios por el término de 4 años sin haber existido, previamente, una clara reglamentación al respecto, pese a que así lo ordena el Consejo de Estado (la máxima institución que ejerce el cometido del Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en Colombia).
11 inmuebles fueron afectados por la Fiscalía General de la Nación con medidas cautelares. Las propiedades pertenecerían a la ex directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Flor María Rangel y otros ex funcionarios procesados por supuestas irregularidades de contratación en dicha entidad.
La sanción fue por el incumplimiento de normas disciplinarias en el envío de cartas de prevención a sus trabajadores.
