Niegan licencias ambientales para pilotos de ‘fracking’ en el Magdalena Medio

Niegan licencias ambientales para pilotos de 'fracking' en el Magdalena MedioEn medio de fuertes cuestionamientos por parte de las comunidades y organizaciones ambientales a las actividades realizadas en el pozo Pico Plata No. 1  en San Martín (Cesar), sin contar con la licencia ambiental respectiva,  la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales  ANLA mediante Autos # 6117 del 9 de octubre de 2018 y 6445 del 23 de octubre de 2018, negó las solicitudes de licencia ambiental de los proyectos pilotos de fracturamiento hidráulico fracking en yacimientos no convencionales (Ape Piranga y Ape Plata), solicitadas por las empresas Conoco Phillips y Canacol Energy en el Valle del Magdalena Medio.

 

Las licencias de estos proyectos, que corresponden a los bloques VMM2 y VMM3 que afectarían los municipios de San Martín, Aguachica, Río de Oro y Gamarra en el Cesar, y Puerto Wilches en Santander, fueron negadas una vez la ANLA verificara que los estudios de impacto ambiental y la información adicional suministrada “no satisfacen lo requerido por esta Autoridad Nacional” ya que “no cumplen con los términos de referencia para la actividad de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”.

 

Para la ANLA, esta información “es insuficiente para realizar una evaluación adecuada, en aspectos tales como manejo y disposición de las aguas de producción y flujos de retorno, evaluación ambiental y plan de contingencia” por lo que considera que para tomar una decisión sobre fracking  “es muy importante tener un panorama más amplio sobre el adecuado manejo ambiental que se dé durante la realización de esta actividad, de manera que se garantice un adecuado uso de los recursos sin afectaciones al medio ambiente”.

 

De otro lado la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, en respuesta al requerimiento específico planteado por la ANLA manifestó que “(…) debido a que la autoridad regional carece de certeza científica relacionada con el manejo y disposición final de las sustancias de interés, debemos actuar conforme al principio de precaución y manifestamos nuestro pronunciamiento negativo para realizar la actividad”.

 

Ante esto, la Alianza Colombia Libre de Fracking señaló que “esta decisión de la ANLA, sumada a la contundente evidencia científica existente en todo el mundo que muestra los riesgos e impactos de esta técnica, dejan claro que no existe el fracking responsable y que el país no está preparado para implementarlo”.

 

Igualmente la agremiación ambientalista manifestó:  “Invitamos al Congreso de la República a dar vía libre a los proyectos de ley que buscan la prohibición de esta actividad en todo el territorio nacional, y que se encuentran a la espera de su primer debate en la Comisión Quinta de Senado”, agregaron.

 

Para la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas CORDATEC   “este es un logro de las comunidades que por años hemos trabajado en la defensa del ambiente y de la vida”, quienes señalaron que “en Fusagasugá el 99% de las personas votaron NO para prohibir el fracking. Hoy desde San Martín, Cesar, símbolo de la resistencia pacífica al fracking en Colombia mandamos un mensaje contundente al Gobierno: No permitiremos este tipo de proyectos en nuestro municipio ni en ningún otro lugar del país”.

 

La negación de las licencias se da luego que la ANLA aprobó la solicitud realizada por CORDATEC y otras 4 organizaciones para la realización de audiencias públicas en los proyectos de fracking que actualmente surten etapa de licenciamiento en el país (incluyendo el “piloto” de Ecopetrol), y que la misma autoridad reconociera a 36 integrantes de CORDATEC como “terceros intervinientes” en el proyecto APE Plata.

 

Según la Alianza, “la decisión de la ANLA es un mensaje ético político que debe retar al Congreso de la República y al Gobierno Nacional a formular urgentes políticas públicas para una transición energética que nos saque de la dependencia de las energías fósiles no renovables. Es a su vez una clara prueba que las denuncias hechas ante los órganos de control ponen las actividades de la empresa  Conoco Phillips en la ilegalidad, y redoblan la necesidad de defender los mecanismos de participación como la consulta popular para que la voz de las comunidades sea escuchada y obedecida”.

 

 

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