En las últimas horas se ha conocido el caso de los siete militares que violaron por la fuerza a una menor de edad indígena del resguardo indígena embera – Chamí en Risaralda.
Por Natalia Martínez
Ciro Guerra, el director colombiano que trabajó con Johnny Depp y Robert Pattinson en su más reciente cinta, Waiting for the Barbarians, fue acusado por ocho mujeres de acoso y abuso sexual.
Siete militares del Ejército habrían violado a una pequeña de 13 años perteneciente al resguardo indígena Embera Chaní, ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda.
IPS deberán prestar servicios UCI para los pacientes covid-19 que lo requieran e independiente de si tienen convenio con la EPS del usuario.
Un grupo de senadores -la mayoría de la oposición- advirtieron al presidente Iván Duque que «no puede estar vendiendo empresas patrimonio del Estado sin antes consultar con el congreso», donde se deben analizar las circunstancias que rodean este tipo de negociaciones.
La Sección de Revisión ha rechazado dos veces la solicitud de este defensor de derechos humanos de revisar su sentencia a 18 años de prisión por homicidio. La absolución de Arístides Andrade era su gran esperanza, pero no ha funcionado a su favor.
Con una votación de 8 contra uno, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 1°. del Decreto Legislativo 516 del 4 de abril de 2020, “por el cual se adoptan medidas para la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, relacionado con el porcentaje mínimo de programación de producción nacional que debe estar en televisión.
En la plenaria del Senado fue aprobado el último debate de cadena perpetua para violadores de niños.
El Gobierno estadounidense anunció este jueves una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de cualquier información que lleve al arresto de los exlíderes prófugos de las FARC, Seuxis Hernández Solarte y Luciano Marín Arango, a los que EE.UU. acusa de tráfico de drogas.
Por presuntos sobrecostos en la ejecución de un contrato de compraventa de elementos de bioseguridad, la Contraloría General de la Nación investigará a la Gobernación de Santander.
