La fecha se reprogramó para el 10 de septiembre, donde se dará a conocer si la Sección Tercera del Consejo de Estado, levanta o mantiene la medida cautelar sobre la normativa técnica del ‘fracking’ en Colombia.
La sala plena de la Sección, donde se discutió este viernes una posible determinación sobre la suspensión provisional del fracturamiento hidráulico en Colombia, se aplazó debido a las recomendaciones que realizaron las comisiones de expertos acerca de la implementación de los proyectos Piloto de Investigación.
La decisión se presenta en el marco al recurso de súplica solicitado por el gobierno en noviembre del año pasado, donde abriría la puerta para el inicio de pilotos de exploración de yacimientos no convencionales en el país.
Con los proyectos piloto integrales de investigación (Ppii) para obtener información veraz, confiable y transparente, sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que se puedan presentar al utilizar técnicas no convencionales, destacó la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros.
Sin embargo, el año pasado el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que el Gobierno había fijado para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
La medida cautelar es la suspensión de los actos administrativos mientras se decide el proceso de nulidad de forma definitiva, ya que es una medida que define suspender los efectos de las disposiciones del Gobierno Nacional, el cual no podría ejecutar las resoluciones hasta cuando no se decida a fondo el asunto a través de una sentencia, expresó en su momento Ramiro Pazos, magistrado que anunció la decisión de suspender provisionalmente el ‘fracking’
Este jueves, a través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional dio a conocer que garantizar la suficiencia energética en Colombia, corresponde un tema importante para el desarrollo económico del país, del mismo modo, el aumento de competitividad, la sostenibilidad fiscal y la generación de empleo.
Sin embargo, el Consejo Gremial considera que, el Gobierno debe ejercer control político y supervisión sobre el cumplimiento de la normativa que regule la materia, y del mismo modo, garantizar la protección del ambiente.
Aunque el Consejo de Estado durante las próximas fechas dará a conocer su decisión sobre si levanta o no la medida cautelar, es el alto tribunal quien decide sobre si se prohíbe o no el ‘fracking’ en el país.
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