Por: César Giraldo
«Hay una reforma que no logré sacar adelante y es la reforma pensional» dijo el presidente Juan Manuel Santos, cuando faltaba un mes para terminar su mandato.
Santos intentó hacer la reforma durante su primer gobierno. El entonces ministro de trabajo, Rafael Pardo, inició la discusión de la reforma pensional en 2012, pero el proceso apenas si avanzó debido a la importancia que adquirieron en la agenda nacional la crisis del sistema de salud y el comienzo de las negociaciones con las FARC.
Una vez alcanzado el Acuerdo de Paz, ya en el segundo gobierno de Santos, había llegado el turno para dos reformas antipáticas que sin embargo se necesitaban «para mantener la confianza de los mercados de capitales» como lo señaló el presidente en varias oportunidades: la reforma tributaria, aprobada en diciembre del 2016, y la reforma pensional, el primer y tal vez principal “chicharrón” que en materia económica y social le dejó su antecesor al presidente Iván Duque.
No se había secado la tinta del Acuerdo de La Habana cuando en abril de 2017 el presidente de la Asociación Nacional de Fondos de Pensiones (Asofondos), Santiago Montenegro, le señaló a Santos, en el congreso del gremio, los «principios generales que podrían guiar una reforma pensional». Pero el presidente, que ya estaba en la recta final de su gobierno, le sacó el cuerpo al asunto y propuso una comisión que se ocupara de analizar el tema y que nunca se creó.
De esta manera la reforma pensional siguió siendo un punto más en de agenda de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública que había sido creada en febrero de ese año. En otras palabras, Santos se salió con la suya y le dejó la dolorosa tarea a su sucesor.
La reforma pensional se viene gestando desde el gobierno de César Gaviria, quien introdujo en el proyecto de reforma laboral (que acabó siendo la Ley 50 de 1990) una solicitud de facultades extraordinarias para acabar con el régimen público y pasar al sistema chileno de fondos privados. Pero las facultades le fueron negadas.
El tema se trasladó el año siguiente a la Comisión para la reforma de la seguridad social, creada por el artículo transitorio 57 de la Constitución de 1991. El gobierno Gaviria insistió en acabar el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y la Caja Nacional de Previsión (Cajanal) para pasar al sistema de fondos privados, pero esta propuesta fue derrotada por los sindicatos y el sector samperista del Partido Liberal.
Entonces el gobierno Gaviria se vio obligado a presentar un nuevo proyecto, que se convertiría en la Ley 100 de 1993. Ya no pedía acabar con el sistema público de pensiones, sino marchitarlo para que no siguiera aumentando su cobertura: desde entonces, «todo nuevo afiliado debía ir a fondos privados de pensiones».
Así pues, ante la resistencia de un sector del Congreso para que se acabara el sistema público, Colombia acabó por adoptar un ‘sistema dual’, donde los fondos privados competirían en condiciones desiguales con el sistema público.
Luis Carlos Sarmiento Angulo animó a Gaviria a promover la privatización. Sarmiento había viajado a Chile con su asesor Luis Alberto Moreno para conocer el modelo de ese país y estuvo muy atento a la discusión de la reforma en el Congreso. Una vez que la reforma fue aprobada, el exministro de trabajo de Gaviria Luis Fernando Ramírez y el propio Moreno (hoy director del BID) se fueron a trabajar con Sarmiento Angulo, quien a su vez se convirtió en el dueño del Fondo de Pensiones Porvenir, el más grande del país.
La segunda mitad de la tajada
A partir de la Ley 100 de 1993, los aportantes nuevos se iban a los fondos privados mientras que los pensionados quedaban a cargo del ISS (hoy Colpensiones). O sea que los privados recibían los ingresos mientras que los desembolsos los hacía el sector público.
Los afiliados asustados están buscando trasladarse a Colpensiones
Pero pasado un cuarto de siglo, la competencia entre los dos sistemas está dando un giro.
Los fondos privados están empezando a madurar y comienzan a pagar las primeras pensiones, pero debido a la baja rentabilidad de sus inversiones o al alto costo de su gestión, estas pensiones han resultado ser sumamente bajas.
A por lo menos dos tercios de los afiliados les han devuelto los aportes (lo que significa que nunca se van a pensionar) y el promedio de las pensiones reconocidas equivale a menos de una quinta parte del salario base de la cotización.
Los afiliados «asustados» están buscando trasladarse a Colpensiones. Para poderlo hacer les debe faltar menos de diez años para la edad de pensión. La mayoría no cumple con este requisito, pero «pueden alegar ante un juez que los engañaron», porque —efectivamente— la pensión resulta inferior a lo que les habían prometido, y en muchos casos han ganado los pleitos.
Para taponar la fuga de afilados, los fondos de pensiones promovieron la «obligatoriedad de una doble asesoría» —es decir que sus propios funcionarios co-asesoren al solicitante— de tal forma que ya no se puede alegar el engaño porque la asesoría estaba disponible.
Y como este tapón no es suficiente para frenar el desangre, los fondos y sus voceros insisten cada vez más en una solución definitiva: «liquidar a Colpensiones».
Las propuestas de reforma
En este momento, según José Antonio Ocampo, existen dos propuestas de reforma:
— La primera es eliminar el régimen de prima media (donde hay solidaridad y el valor de la pensión está garantizado) ya sea
- Eliminando a Colpensiones (como propone la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF),
- Convirtiendo a Colpensiones en un fondo que compite con las administradoras privadas, (como propone Asofondos)
— La segunda alternativa sería desarrollar un sistema de dos pilares:
- Colpensiones administraría un primer piso solidario que garantizaría una pensión equivalente a un salario mínimo para todos los trabajadores.
- Los fondos administrarían el pilar complementario bajo el sistema de capitalización individual para los trabajadores de más altos ingresos (esta es la propuesta de Fedesarrollo y del grupo Sura o “Sindicato Antioqueño” que a su vez administra “Protección”, el segundo gran fondo privado de Colombia).
Habría que agregar que la alternativa de los pilares ya existe en la práctica, porque el Estado le garantiza una pensión de salario mínimo a los afiliados a fondos privados. O sea que a fin de cuentas la propuesta de pilares equivale simplemente a retirar a Colpensiones del sistema.
El proyecto de Iván Duque
Quienes promueven hoy las reformas son los mismos representantes del sector financiero que promovieron la Ley 100. Se trata de cerrar el círculo y acabar con el sistema público basado en la solidaridad.
Con el triunfo de Iván Duque, las propuestas parecen orientarse al sistema de pilares.
El presidente electo lo señaló en su programa de gobierno: «Adelantaremos una reforma pensional… eliminando distorsiones y competencias innecesarias entre el régimen de prima media y el de ahorro individual».
La reforma será presentada y el país tendrá un intenso debate.
Se sabe que los grupos económicos financian gran parte de las campañas de los senadores, y que van a presionar para que la reforma se haga en favor de sus intereses.
Primero le quitaron los cotizantes a Colpensiones, y ahora quieren eliminarla del todo. Historia resumida de 25 años de reformas que benefician sobre todo a los dos fondos que manejan más del 80 por ciento de las pensiones privadas.
Pero hoy la opinión pública sabe algo que no sabía cuando se discutió la Ley 100: «que los Fondos de Pensiones otorgan pensiones muy bajas y que en la mayoría de los casos ni siquiera las otorgan porque devuelven los aportes».
La discusión apenas comienza.
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CÉSAR GIRALDO, Doctor en Economía de la Universidad París y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
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