Por: Julián F. Martínez
El excandidato presidencial no es un perseguido político. Al contrario, tuvo más garantías que cualquier otro colombiano.
A pesar de que la Corte Suprema de Justicia ya comprobó los delitos del convicto ex ministro Andrés Felipe Arias Leiva, quien permaneció prófugo de la justicia colombiana por cinco años, luego de ser condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, la extradición desde los Estados Unidos hacia Colombia del ahijado político del ex presidente Álvaro Uribe revive otros escándalos de corrupción que lo vinculan a él, como los sobornos de Odebrecht y el Grupo Aval, la desaparición de 224 mil millones de pesos del banco Agrario, los auto subsidios para El Ubérrimo y la utilización de recursos del Estado para financiar campañas políticas del uribismo, una característica de la vida política de Arias.
Hoy el gobierno de Iván Duque busca promover una ley que le permita a los aforados condenados por corrupción tener una segunda instancia, lo que traería consecuencias sobre el poder judicial. El abogado penalista Iván Cancino considera que al exministro Arias se le debe aplicar la segunda instancia.
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