Yidis Medina no recupera libertad por solicitud de un juzgado de Bucaramanga.
La ex congresista Yidis Medina Padilla, detenida la cárcel ‘El Buen Pastor’ de Bogotá, no podrá gozar del beneficio de libertad condicional otorgado por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la capital del país. La razón es que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga hizo un nuevo requerimiento para detenerla por el presunto delito de secuestro extorsivo. De acuerdo con el juzgado de Bucaramanga, el proceso se encuentra en la etapa del juicio para Audiencia Pública que deberá realizarse el próximo 8 de agosto del corriente año para alegatos de conclusión.
La fotografía corresponde al Centro Administrativo La Alpajurra, sede del Palacio de Justicia en la ciudad de Medellín, situado sobre el cruce de la avenida San Juan con la carrera Carabobo de la capital antioqueña. Precisamente, en el piso 20 de este complejo arquitectónico se halla el despacho del Fiscal 42 de la Unidad de Justicia y Paz, William Santiago Artega Abad y quien será el funcionario encargado de escuchar la versión de Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Baez de la Serna’ relacionada con la parapolítica en la región del Magdalena Medio, audiencia programada para mediados del mes de agosto y que mantiene en expectativa a toda la clase política de Barrancabermeja.
(Yidis saldrá de la cárcel El Buen Pastor este viernes festivo 20 de julio).
(Los capturados, entre ellos una mujer, fueron trasladados a Bucaramanga por su alta peligrosidad).
(Se desconoce decisión judicial en contra de Enrique Hernández, el gerente de EDASABA en esa época.) 
La Contraloría General de la República imputará cargos esta semana contra altos funcionarios de Ecopetrol, por su responsabilidad en las fallas de los ductos en Dosquebradas (Risaralda) y un derrame de petróleo en el rio Pamplonita en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), fallas que provocaron la muerte de 32 personas en Dosquebradas y un gravísimo daño ambiental en la capital norte santandereana. No se sabe aún si dentro del grupo de altos funcionarios aparece el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, pero lo que si está claro es que ahora las sanciones por responsabilidad fiscal las paga el funcionario de su bolsillo y no el Estado como se procedía con anterioridad.
Como un servicio informativo especial a sus lectores, Barrancabermeja Virtual presenta el texto original de la sentencia emanada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de los ex congresistas santandereanos, Nelson Naranjo Cabarique y Rafael Castillo Sánchez, ambos, capturados en febrero pasado y quienes se habían acogido a sentencia anticipada, aceptando haber efectuado un pacto con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas y que involucró también a algunos miembros de la clase política de Barrancabermeja y Yondó (Antioquia). 
El pasado lunes 25 de junio, la ex representante Yidis Medina acusó al ex presidente Álvaro Uribe Vélez y el ex congresista Luis Alberto Gil Castillo del Partido de Integración Nacional, PIN, de organizar un «complot para enlodar su nombre» como una represalia por confesar las prebendas para la reelección de Uribe Vélez en el sonado caso de la ‘Yidispolítica’. El señalamiento lo hizo la ex parlamentaria barranqueña en la audiencia de juicio que se le lleva a cabo por cuenta del secuestro extorsivo en contra del ex secretario de Hacienda de Barrancabermeja, Ricardo Sequea Cristancho, hechos que, supuestamente, ocurrieron en diciembre del año 2000.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 3 años y 1 mes de cárcel a los ex representantes a la Cámara por Santander, Nelson Naranjo Cabarique y Rafael Castillo Sánchez.
El abogado barranqueño, Alfredo Castaño Martínez, especializado en Derecho Público y Administrativo, radicó ante el Consejo de Estado una demanda contra el acto administrativo con el cual se ordenó al Congreso a sesiones extraordinarias para revisar las objeciones presidenciales dirigidas en contra de la reforma a la justicia. En diálogo con periodistas de la capital del país el abogado Castaño manifestó que la acción jurídica titulada «Acción Pública de Nulidad por Inconstitucional del Decreto 1351», fue radicada ante el alto tribunal porque se está tratando de resolver «un acto inconstitucional con otro acto inconstitucional». 
