El Procurador Provincial de Barrancabermeja, Leonardo Javier Pico Ortiz, confirmó que el Ministerio Público suspendió del cargo de gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social, EDUBA, en la ciudad de Barrancabermeja, el ingeniero, Éver José Jiménez González, porque el funcionario, presuntamente, promovió a 2 trabajadoras de la entidad sin que cumplieran los requisitos para los cargos asignados.

Aunque la noticia no fue muy difundida en su momento, se ha podido establecer que desde comienzos de la presente semana, salió de prisión el reconocido abogado santandereano, Ramón Ballesteros Prieto, quien fue condenado a 36 meses de prisión por ofrecer más de $ 100.000 dólares a un testigo protegido en los Estados Unidos para que cambiara su versión en el juicio que se llevaba a cabo en contra del ex senador, Luís Alberto Gil Castillo y Ballesteros encargado de su defensa.

Se trata de la primera sentencia de restitución de tierras que se produce en el departamento de Santander.
En primer fallo de restitución de tierras en Santander, un juez agrario de Barrancabermeja ordenó devolver un predio a víctimas del ELN y los Paramilitares, quienes habían abandonado su finca hace más de 10 años.   El predio, conocido como Canoas, de 5,999 metros cuadrados, está localizado en la vereda Provincia, zona rural del municipio de Sabana de Torres en Santander.

El fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, informó que hará un barrido nacional para establecer en qué casos en la entidad aún siguen laborando fiscales cuya idoneidad e independencia han sido cuestionadas, como es el caso del fiscal especializado, William Pacheco, denunciado por el periodista Daniel Coronel, quien sigue en la unidad de Derechos Humanos pese a que fue sancionado y hallado responsable en un caso de desaparición forzada, cuando fue oficial de la policía del Eje Cafetero.

Documento de la Procuraduría demuestra que el Fiscal Pacheco está inhabilitado para acusar a José Aristides Andrade y David Ravelo.
BARRANCABERMEJA VIRTUAL, con el propósito de confirmar las denuncias del periodista Daniel Coronell formuladas en su columna de la revista Semana del pasado domingo 2 de junio, en donde afirma que el Fiscal, William Gildardo Pacheco Granados, está inhabilitado de por vida para ejercer funciones públicas en todo el territorio nacional, (incluyendo las ejercidas en el poder judicial), se permite compartir con sus lectores un documento emanado de la Procuraduría General de la Nación en donde se confirma la inhabilidad.

El prestigioso comunicador colombiano pone en tela de juicio credibilidad moral del Fiscal, William Pacheco, funcionario responsable de mandar a la cárcel a Andrade y Ravelo.
El periodista, Daniel Coronell, actual vicepresidente de Noticias de Univisión, (la principal cadena hispana de televisión en los Estados Unidos), en su columna del domingo 2 de junio en la revista Semana, presenta una serie de pruebas que dejan al descubierto la hoja de vida del Fiscal, William Gildardo Pacheco Granados. 

El evento se llevó a cabo en la plazoleta de la Alcaldía de Barrancabermeja, y contó con la participación de los familiares de las víctimas.

El coronel, Octaviano Bustillo Barraza, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional pidió perdón públicamente por el asesinato de Jesús Daniel Gil Mosquera, una de las doce víctimas de la masacre del 28 de febrero de 1999 ocurrida en la ciudad de Barrancabermeja.

Se trata de la misma Federación en la que el alcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno Altahona, es su presidente.

La Fiscalía acusó de hurto agravado y abuso de la función pública al director de la Federación Nacional de Municipios, Gilberto Toro Giraldo. La acción del ente acusador está basada en hechos ocurridos entre los años 2002 y 2012, cuando la Federación de Municipios de Colombia, FEDEMUNICIPIOS, se quedó con el 10 por ciento del cobro de casi $ 44 mil millones de pesos producto del pago de sanciones impuestas por la Tránsito.

(La familia de la víctima será indemnizada con $ 500 millones de pesos por perjuicios morales y materiales).

El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y al Hospital San Rafael de Barrancabermeja por la muerte de un hombre que fue asesinado en ese centro hospitalario donde había ingresado tras un atentado en su contra. Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 1996 cuando dos hombres armados le dispararon en varias ocasiones al paciente, quien se encontraba interno en el hospital. La familia de la víctima demandó al centro hospitalario al considerar que existió negligencia por parte de los vigilantes al permitir que entraran personas armadas en horas que no eran de visitas.

¡Cuidado!… Por estos días en la ciudad de Barrancabermeja hay un estafador que, inicialmente, para generar confianza entre sus víctimas, se identifica, usando una cédula robada, con el nombre de DANIEL ANDRES TORRES CORZO.   A continuación les presentamos, paso a paso, la forma como actúa este delincuente para evitar que siga cometiendo más fechorias en el puerto petrolero.