Los ingenieros Orlando Cabrales Martínez y Felipe Castilla Canales, ex presidentes de Reficar S.A., serán imputados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Nuevo material probatorio obtenido por el equipo de fiscales e investigadores que ha descifrado el esquema de corrupción en la construcción de la Refinería de Cartagena, considerado «el más grave caso de corrupción de Colombia», permitió definir una tercera fase de investigación que pondría al descubierto presuntas inconsistencias en la asignación del multimillonario contrato de gerenciamiento y administración del proyecto.
Los indicios darían cuenta que el contrato PMC (Project Management Consultant), cuyo valor inicial superó los 95 millones de dólares, habría sido entregado directamente a la compañía extranjera Foster Wheeler & Process Consultant, sin previo concurso público que garantizara una selección objetiva del contratista.
Esta adjudicación ‘a dedo’ habría limitado la participación de otras compañías que podrían haber acreditado el perfil y la experiencia para asumir la gerencia, asistencia y vigilancia de los contratos de construcción de la refinería, las interventorías y otras obligaciones contempladas.
Por esta nueva irregularidad detectada, la Fiscalía imputará el delito de «contrato sin cumplimiento de requisitos legales» a:
Felipe Castilla Canales, presidente de Reficar S.A., entre el 29 de abril y el 1 de octubre de 2009. Es señalado de tramitar el contrato PMC sin convocar concurso público.
Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar S.A., entre el 1 de octubre de 2009 y el 21 de noviembre de 2012. Se le atribuye la celebración del contrato con la firma Foster Wheeler & Process Consultant.
La audiencia de formulación de cargos se cumplirá el próximo jueves 25 de abril del año en curso, en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá. Respecto al ex directivo de Reficar S.A., Orlando Cabrales Martínez, ésta es la segunda imputación en su contra.
En julio de 2017 fue judicializado como «presunto responsable de interés indebido en la celebración de contratos» y actualmente cumple medida no privativa de la libertad.
La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.
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