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FLIP rechaza ataques reiterados de funcionarios de Alcaldía de Medellín contra El Colombiano

La plena realización de la libertad de expresión y el derecho a la información requiere una fuerte protección para el debate abierto y la aceptación de líderes políticos y de quienes ejercen función pública que son sujetos al escrutinio público.

FLIP rechaza ataques reiterados de funcionarios de Alcaldía de Medellín  contra El Colombiano
Daniel Quintero Calle alcalde de Medellín

A través de sus redes sociales la FLIP denuncia que en las últimas semanas el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle  y su equipo de gobierno han realizado comentarios que configuran hostigamiento hacia el medio.

Según la FLIP, estas expresiones buscan menoscabar la credibilidad del medio y estigmatizar a sus periodistas, como represalia a la veeduría que el periódico El Colombiano  hace de la administración de Medellín.  Esto genera un ambiente de permisividad frente a ataques y agresiones.

La FLIP reitera, como ya lo ha expresado en otras ocasiones, que preocupa la falta de transparencia por parte de la administración de Quintero y su renuencia constante a contestar solicitudes de acceso a la información pública.

Para la FLIP: Sumado a esto la Alcaldía de Medellín   tiene la obligación de investigar y responder de manera clara por las irregularidades que han sido denunciadas frente a la administración del canal público Tele Medellín

Los servidores del Estado deben ser garantes de la libertad de expresión y respetar la independencia editorial de los medios. Restringir los derechos a la libertad de prensa, información y expresión, constituye falta disciplinaria de acuerdo con lo previsto en la Ley 734 de 2002.

La FLIP hace un llamado directo a Daniel Quintero Calle  para que tome las acciones correspondientes dirigidas a desescalar este ambiente hostil en contra de un sector de la prensa de la ciudad, y a que haga un compromiso público de defensa y respeto por el trabajo periodístico.

La plena realización de la libertad de expresión y el derecho a la información requiere una fuerte protección para el debate abierto y la aceptación de líderes políticos y de quienes ejercen función pública que son sujetos al escrutinio público.


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