Como una maniobra política que criminaliza un riesgo completamente normal para las entidades que contraen préstamos en moneda extranjera, calificaron analistas y dirigentes políticos la decisión de la Fiscalía de imputar cargos a Sergio Fajardo por presunta irregularidad en la celebración de un contrato cuando era gobernador de Antioquia.
Uno de los primeros en referirse a esta decisión fue su rival político, el senador Gustavo Petro. Él expresó sospechas porque la determinación poco antes de las elecciones presidenciales y dijo que espera «que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial la Fiscalía meta mano».
Añadió que la acusación debe ser mirada a profundidad por abogados y abogadas demócratas del país.
También reaccionó el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien advirtió el riesgo que implica la decisión del ente para la democracia. «Apostaría que Fajardo solo hizo lo que le recomendaron su secretario de Hacienda y técnicos, y por lo que dice la prensa, nadie robó un peso. Parece más una discusión técnica y legal, que un delito», dijo.
En sentido similar se pronunció el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien dijo que es muy grave que la Fiscalía pretenda volver un delito los movimientos no anticipados del precio del dólar, porque «bajo esa teoría deberían ser imputados todos los servidores públicos que contrataron créditos en dólares antes del 2014. Absurdo y peligroso», añadió.
El exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, mostró su sorpresa en el mismo sentido y señaló que lo que «la Fiscalía pretende (es) que un gobernante sea adivino eficiente del futuro del dólar, lo cual ni Dios puede adivinar. ¡Qué horror!».
Hasta este momento, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo no se ha referido a la imputación que será presentada por la Fiscalía en los próximos días por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Según el ente, en el contrato suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre la Gobernación de Antioquia y el Banco Corpbanca, no se hizo ninguna proyección sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario, lo que habría provocado a la larga un detrimento patrimonial para la entidad.
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