11 inmuebles fueron afectados por la Fiscalía General de la Nación con medidas cautelares. Las propiedades pertenecerían a la ex directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Flor María Rangel y otros ex funcionarios procesados por supuestas irregularidades de contratación en dicha entidad.
La «extinción de dominio» es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos.
En el curso del proceso penal que la Fiscalía General de la Nación sigue contra ex directivos y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), fueron obtenidas evidencias que pusieron al descubierto el patrimonio que los investigados habrían constituido mientras se presentaron supuestas irregularidades de contratación en la entidad o con dineros producto del presunto actuar ilícito.
Con estos indicios, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 11 inmuebles que pertenecerían a los exdirectores de la CAS, Flor María Rangel y Héctor Murillo; y a otros exfuncionarios vinculados a las indagaciones.
Los citados bienes, avaluados en $ 1.000 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas en Bucaramanga, San Gil y Barichara (Santander), y desde ahora quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Entre los inmuebles afectados sobresalen una unidad residencial de apartamentos ubicada en San Gil y algunas casas en Barichara.
Antecedentes
A raíz de varias alertas hechas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía detectó presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato suscrito en 2011, entre la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la Unión Temporal Barrancabermeja, con el fin de reforestar y aislar varios predios considerados estratégicos en términos ambientales.
En las indagaciones se constató un supuesto detrimento de $ 3.400 millones de pesos, que correspondería al valor de la contratación, por lo que en diciembre de 2016 fueron capturados y judicializados la entonces directora de la CAS, Flor María Rangel; el ex director de la entidad, Héctor Murillo; el ex director (e) de la entidad en 2011, Élber Ardila; y Óscar Pereira, ex subdirector de Gestión Ambiental de la CAS.
Estos cuatro exfuncionarios fueron imputados en su momento por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad en documento privado.
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