Así las cosas, la ex congresista podrá salir de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde se encontraba recluida.
El Tribunal Superior de Bucaramanga revocó este lunes 29 de julio una decisión de primera instancia y le concedió la libertad a la ex congresista Yidis Medina, condenada a 32 años de cárcel por el secuestro de 3 funcionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja.
Según se ha podido establecer, a Yidis Medina la ayudó especialmente el humanitario apoyo jurídico ofrecido por el ex diputado del Valle, Sigifredo López, quien asumió su defensa luego de verificar que contra la ex parlamentaria se había cometido una injusticia.
La sentencia indicaba que Yidis Medina fue coautora del rapto, el 21 de diciembre del 2000, de Juan Carlos Carvajal, tesorero; Ricardo Sequea, secretario de Hacienda, y Luis Fernando Guarín, ex diputado de Santander.
Según el fallo que la condenó a 32 años, Yidis Medina buscó alianzas para presionar el pago de $ 500 millones destinados a la Cooperativa Integrar, (fortín político de la ex congresista), dineros adeudados por la Administración del enotnces alcalde de Barrancabermeja Elkin Bueno Altahona (año 2.000), «La retención tuvo como propósito único, explícito y finalmente satisfecho, el de procurar el pago de las obligaciones de la Alcaldía a favor de la Cooperativa Integrar, a favor de la cual ejercía su asesoría Yidis Medina», decía el fallo, que daba total credibilidad a funcionarios, ‘ex paras’ y ex guerrilleros.
Para la época, Yidis Medina sostuvo que la condena era una «venganza por contarle la verdad al país» en el caso conocido como la Yidispolítica para favorecer la reelección del expresidente Álvaro Uribe.
En junio de 2008 la Corte Suprema de Justicia condenó a la ex parlamentaria a 47 meses de prisión domiciliaria por el delito de cohecho, al votar la reforma constitucional que aprobó en 2005 la reelección presidencial, lo que facilitó que el ex presidente Álvaro Uribe, elegido en 2002 por cuatro años, pudiera renovar su mandato en el 2006.
Yidis Medina confesó durante ese proceso que funcionarios del Gobierno del presidente Uribe le ofrecieron prebendas a cambio de su voto, pero empleados gubernamentales señalaron que fue la ex parlamentaria la que pidió contratos y puestos públicos para allegados.
