Piden eliminar la JEP

Piden eliminar la JEPÁlvaro Uribe y Néstor Humberto Martínez coinciden en pedir que se elimine la JEP y se desata polémica por posibles consecuencias, incluso por posibles sanciones al país de parte de la comunidad internacional.

 

Calificó de “despropósitos” algunos de los artículos de la ley estatutaria y dijo que, de mantenerse, su partido insistirá en sancionar ciertos delitos.

 

Álvaro Uribe emitió una andanada de críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la ley que está siendo revisada en la Casa de Nariño.

 

Desglosó su punto de vista en seis puntos:

 

Se mantiene competencia sobre delitos de ejecución permanente después de la firma.

No se eliminan todos los beneficios a los reincidentes.

No hay acción penal sobre autores materiales de delitos atroces y sobre los cabecillas impunidad total.

Se prohíbe a la Fiscalía la práctica de pruebas.

Prácticamente cierra las posibilidades de extradición.

Los delitos sobre menores quedan también en impunidad.

 

Al final, su recomendación es eliminar la JEP.

 

 

¿Por qué Néstor Humberto Martínez pide que se objete la ley estatutaria de la JEP?

 

Varias son las preocupaciones del fiscal general expresadas en una carta enviada al presidente Iván Duque.

 

Martínez Neira expresa en la misiva que los delitos cometidos después del primero de diciembre de 2016 como el narcotráfico, la extorsión, delitos sexuales y homicidio debieron ser excluidos de la Jurisdicción Especial de Paz.

 

“La reinserción es para que los desmovilizados entren a la vida civil como ciudadanos de bien. Pero ni más faltaba que puedan seguir delinquiendo y manteniendo los beneficios”, afirmó el dirigente del ente investigador.

 

Las declaraciones del fiscal provocaron una inmediata reacción de la JEP a través de un comunicado. “Es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley, solicitud que de manera respetuosa elevó la presidencia de la jurisdicción al señor presidente de la República, el pasado 4 de febrero de 2019”.

 

Además de este llamado, 227 organizaciones sociales y de víctimas le pidieron al presidente Duque dar vía libre a la iniciativa.

 

 

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