La Fiscalía General de la Nación no ha ordenado interceptar las comunicaciones del alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, por presuntos delitos electorales cometidos durante el período en que se llevó a cabo el proceso de consulta relacionado con la ‘revocatoria’ de su mandato durante el año 2017 en esta ciudad. Así las cosas —y luego de una minuciosa revisión en los archivos del ente acusador— expertos en materia penal aseguraron a BARRANCABERMEJA VIRTUAL que las «interceptaciones que se le hicieron al teléfono del alcalde no fueron legales».
La Dirección Especializada contra la Corrupción, adscrita a la Fiscalía General de la Nación ha sido clara en manifestar que «una vez consultados los Sistemas de Información Misionales SIJUF – SPOA, no se encontró ninguna investigación en contra del ciudadano, Darío Echeverri Serrano, actual alcalde de Barrancabermeja, por lo menos hasta el mes de noviembre de 2017», dice el ente acusador.
La información de la Fiscalía, adscrita al poder Judicial en Colombia —y cuya función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal oral acusatorio— contrasta con algunas informaciones de prensa que han circulado en los últimos días en el país y señalan lo contrario.
Según se ha podido establecer, algunos medios de comunicación usaron un modelo de conjugación verbal ‘condicional’ (potencial simple o imperfecto, pospretérito) cuando afirmaron que posiblemente «habría» o se «estaría» adelantando una investigación basada en unos ‘audios’ que puso a circular la emisora W Radio en la capital del país.
Sin embargo, el equipo periodístico de BARRANCABERMEJA VIRTUAL, pudo revisar varias publicaciones de reconocidos medios de comunicación a nivel nacional y todos coinciden en afirmar de una «posible o probable» investigación, pero ninguno asegura el hecho de manera segura y confirmada.
En la ciudad de Barrancabermeja, de manera informal, a través de las redes sociales, la ex parlamentaria Yidis Medina (recordada por vender su voto como congresista autorizando la reelección presidencial del ex presidente Álvaro Uribe Vélez a cambio de puestos, prebendas y dinero), ha vinculado al ente acusador de estar «investigando e incluso —asegura ella— de impartir supuestas órdenes de captura en 20 o 30 días».
Sin embargo, este medio de comunicación fue informado que, desde ya las autoridades, por intermedio del Centro Cibernético Policial, adscrito a la Policía Judicial, están dispuestas a investigar bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, presuntas violaciones al Código Penal relacionadas con la «interceptación ilegal de llamadas telefónicas sin previo permiso judicial». En caso de identificar a los autores de las grabaciones, el Ente Acusador podría procesarlos por el delito de Intercepción de Comunicaciones, se pudo establecer hoy aquí.
El Código Penal señala, en el título de los delitos contra la libertad y autonomía individual, como delito la interceptación ilícita de comunicaciones. Es un delito que contempla una pena de 1 a 3 años de prisión».
BARRANCABERMEJA VIRTUAL consultó con el doctor, Cristhian Gutiérrez Martínez, abogado personal del mandatario local, pero no quiso pronunciarse, pues manifestó que «llevan un trabajo adelantado y puesto en conocimiento del mismo Fiscal General de la Nación».
«En el supuesto de darse una interceptación sin la autorización de un fiscal o de un juez competente, estaríamos frente a un delito», advirtió un profesional del derecho que pidió reserva de su nombre.
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