Duras críticas al partido de la U por aval ofrecido a Elkin Bueno; una demanda por paramilitarismo sería el detonante.
En las últimas horas varios periodistas en Barrancabermeja fueron informados que ante las altas directivas del partido de la U en la capital del país fue dada a conocer una denuncia penal que se formuló hace 5 meses en la Fiscalía General de la Nación contra el candidato a la Alcaldía de Barrancabermeja, Elkin David Bueno Altahona, por los presuntos delitos de parapolítica y enriquecimiento ilícito que podrían perjudicarlo a la hora que esa organización política reconfirme el aval que le ofreció el pasado martes 9 de agosto. (ver copia de la denuncia)
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, radicó el proyecto para que el Congreso le dé el visto bueno al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y poder vender otro 10% de acciones de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. El funcionario manifestó que «si el Congreso de la República le aprueba esa iniciativa, esos recursos estarán destinados con el propósito de obtener recursos por 16 billones de pesos a la reconstrucción de obras de infraestructura afectadas por la ola invernal, para inversiones en todo el país, bien sea servicios domiciliarios afectados, programas de riego y diques para reconstruir y mejorar lo que destruyó el invierno».
La Unión Sindical Obrera USO, el sindicato de la industria del petróleo que agrupa a los trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos, no acepta aún la privatización de Ecopetrol. Así las cosas, adelantó, durante esta semana, varias jornadas de protesta al interior del complejo petroquímico de Barrancabermeja y que incluyó un paro de 24 horas el pasado martes 2 de agosto, logrando la paralización de más de 3.500 trabajadores que protestaron cuando se enteraron del propósito del gobierno de vender otro 10% adicional de la compañía estatal. Lea a continuación el punto de vista del sindicato que siempre ha rechazado la venta de acciones de Ecopetrol.
Por: Jorge Ramos Avalos.
El comunicador social, Juan Carlos Sierra Ayala, candidato a la Alcaldía de Barrancabermeja, hizo pública una carta que dirigió al senador santandereano, Bernabé Celis Carrillo, jefe de Cambio Radical en Santander, en la que, muy respetuosamente, le reclama la falta de seriedad y de compromiso a la palabra empeñada, luego de que el político santandereano hubiera pactado, inicialmente, entregarle el aval como candidato a la Alcaldía del puerto petrolero para al final, luego de presuntas componendas politiqueras, cederlo al controvertido ex alcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno Altahona. 
Luego de un feo desplante al comunicador social Juan Carlos Sierra, a quien despojó de su aval de Cambio Radical y después de pagar al Estado una escandalosa multa que supera los $ 800 millones de pesos, (sin especificar cómo logró reunir semejante cantidad de dinero), el controvertido ex alcalde de Barrancabermeja, Elkin David Bueno Altahona, rodeado de sus familiares y más cercanos amigos, inscribió su candidatura a la Alcaldía de esta ciudad el pasado jueves 28 de julio en las horas de la tarde en la sede de la Registraduría Municipal. Para muchos Bueno Altahona, desesperado y para camuflar su ya deteriorada imagen política, se hizo rodear, ese día, de agrupaciones musicales que animaron su arribo a la Registraduría intentando lograr un efecto político mediático a su favor.
En las últimas semanas varias asociaciones de desempleados de Barrancabermeja han expresando sus voces de protesta en contra de la comunicadora social, Alba Luz Amaya Gutierrez, funcionaria de Ecopetrol en Barrancabermeja, vocera de la llamada Política Pública de Empleo a quien acusan, supuestamente, de discriminar a la mano de obra barranqueña en la vinculación laboral temporal que la compañía requiere para sus trabajos de mantenimiento al interior de las plantas en el Complejo Industrial. La funcionaria, consultada por varios medios de comunicación en la ciudad, negó tajantemente la acusación, sin embargo, Ecopetrol se comprometió en hacerle un seguimiento a las empresas contratistas que «están advertidas» de dar prioridad a la mano de obra local. (Acuerdo # 005 de 2008).
El gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, ha dicho que «el acto de rendición de cuentas es el cumplimiento de un deber del Estado y que por la misma razón es una obligación de los funcionarios elegidos por el voto popular responderle a la comunidad de esa manera». Sin embargo, aunque la Ley de Garantías no prevé que las rendiciones de cuentas sean interpretadas como un acto político, según explicó la procuradora Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, María Eugenia Carreño, en su condición de presidenta de la Comisión Nacional de Asuntos Electorales, la rendición que adelantó en Barrancabermeja el 14 de agosto el gobernador santandereano Horacio Serpa ha generado polémica.
