Desde el 23 de marzo, tras la declaratoria de emergencia sanitaria, la Procuraduría General de la Nación ha priorizado 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias, para atender la emergencia derivada del covid-19, o para alzar la voz y llamar la atención sobre temas de salud, como la deuda con la red pública hospitalaria, que supera los 5,4 billones de pesos, o la necesidad de proveer equipos de bioseguridad que protejan a los hombres y mujeres que hacen frente en la primera línea a esta pandemia.