El Proyecto de Acuerdo No. 003 de 2026, presentado como una apuesta por la transición energética en Barrancabermeja, merece un debate mucho más profundo que el entusiasmo que suele despertar cualquier iniciativa “verde”.
No estamos simplemente ante una política ambiental
Estamos frente a un diseño institucional que podría redefinir el manejo de una de las rentas públicas más importantes del Distrito, el alumbrado público.
Nadie discute que la transición energética es necesaria.
Es una obligación ética, ambiental y económica. Pero precisamente por su importancia, no puede convertirse en un vehículo para decisiones apresuradas, ambiguas o insuficientemente sustentadas. Y eso es, justamente, lo que preocupa de este proyecto.
El texto no se limita a proponer la creación de una entidad para promover energías limpias.
Va mucho más allá. Abre la puerta para que una sociedad de economía mixta —con participación privada de hasta el 49 %— entre de lleno en el negocio del alumbrado público: desde la compra y generación de energía hasta la operación, mantenimiento e incluso la interventoría.
Y, más delicado aún, con la posibilidad de ser remunerada con cargo al impuesto que pagan los ciudadanos para financiar ese servicio.
Aquí es donde el discurso ambiental empieza a perder claridad.
¿Se trata realmente de transición energética o de reorganizar el control y los flujos económicos del alumbrado público? La pregunta no es menor, porque el proyecto no ofrece respuestas contundentes.
Uno de los principales problemas es la vaguedad de su objeto social. Se propone una empresa con facultades amplias, casi abiertas, que en la práctica podría asumir funciones no discutidas ni autorizadas con precisión por el Concejo.
En entidades con recursos públicos, esa ambigüedad no es flexibilidad: es riesgo.
A esto se suma una preocupación aún más seria
La posible elusión de los mecanismos de contratación pública. La figura de la sociedad mixta podría convertirse en una vía indirecta para que un privado acceda a un negocio público relevante sin una licitación abierta y competitiva.
No es una acusación, es una alerta. Pero es una alerta que el Concejo no puede ignorar.
En materia tributaria, el proyecto también hace agua.
El impuesto de alumbrado público tiene una destinación específica y reglas claras. No puede transformarse en una bolsa abierta para financiar una empresa sin estudios técnicos sólidos que respalden costos, eficiencia y necesidad. Y mucho menos puede mezclarse con la idea difusa de “tasas”, como lo plantea el texto, en abierta tensión con el principio de legalidad tributaria.
Tampoco hay claridad fiscal.
No se evidencian análisis robustos sobre el impacto presupuestal ni garantías de sostenibilidad. Y el modelo de gobierno corporativo, aunque mantiene mayoría pública en apariencia, podría otorgar al socio privado un poder de veto que, en la práctica, limite el control real del Distrito.
En el fondo, el problema no es la figura de la sociedad de economía mixta.
Esa herramienta es legal y válida. El problema es cómo se está utilizando: con un objeto amplio, con conexiones directas a recursos públicos sensibles, sin estudios suficientes y con riesgos evidentes en contratación, control y transparencia.
Barrancabermeja necesita avanzar hacia energías limpias.
Pero no a cualquier costo ni bajo cualquier esquema. La transición energética no puede convertirse en una puerta trasera para rediseñar el manejo del alumbrado público sin garantías claras.
Por responsabilidad con el interés general, este proyecto no debería aprobarse tal como está.
Lo mínimo exigible es una revisión integral, con estudios técnicos, fiscales y jurídicos sólidos, y con reglas claras que protejan el patrimonio público.
Porque cuando se trata de recursos de todos, la buena intención no basta. Se necesita rigor. Y, sobre todo, transparencia.
