Con éxito se llevó a cabo en las instalaciones de la Contraloría General de la Nación el ciclo de ponencias «Presupuestos Máximos para la garantía de los servicios no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (2020–2023)«.
El evento reunió a expertos, funcionarios y representantes del sector salud para analizar de forma técnica y fiscal los retos, avances y oportunidades en la implementación de los presupuestos máximos, mecanismo clave para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud no cubiertos por el plan obligatorio.
Uno de los aspectos más relevantes abordados durante el evento fue la importancia de la calidad de los reportes entregados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los gestores farmacéuticos.
Estos reportes son fundamentales para calcular adecuadamente los presupuestos máximos, ya que permiten tomar decisiones informadas basadas en datos reales, lo cual impacta directamente en la eficiencia y transparencia del uso de los recursos públicos destinados a la salud.
El doctor Julián Niño Carrillo, Contralor delegado para la salud, quien ofició como anfitrión del evento, destacó que la Contraloría cumple con su misión constitucional al ejercer vigilancia sobre la gestión fiscal de los recursos públicos.
Resaltó que este tipo de ejercicios fortalecen los mecanismos de control y evaluación, asegurando que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente, eficaz, equitativa y transparente, en beneficio de la población.
Estudio sectorial – Presupuestos Máximos 2020–2023
Por su parte, el viceministro de Protección Social, doctor Luis Alberto Martínez, participó en la presentación del Estudio sectorial – Presupuestos Máximos 2020–2023, destacando las oportunidades de mejora que se identifican dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Enfatizó la necesidad de optimizar la gestión de la información, no solo como herramienta para la transparencia, sino como pilar para avanzar hacia un sistema que garantice el derecho fundamental a la salud, con un enfoque integral y orientado a la protección de los recursos públicos.
El ciclo de ponencias permitió generar un espacio de diálogo técnico entre los actores del sistema, consolidando propuestas y reflexiones para continuar fortaleciendo el acceso equitativo a servicios de salud, especialmente en aquellos que no están incluidos en el plan de beneficios.
La Contraloría reafirma así su compromiso con la vigilancia proactiva y el control fiscal en el sector salud.
