En Colombia se libra una batalla política que va mucho más allá de las diferencias ideológicas superficiales.
Se trata de una lucha entre quienes buscan consolidar un modelo económico y social excluyente y quienes promueven reformas para dignificar las condiciones de vida de la mayoría trabajadora.
En este contexto, ha emergido con fuerza una coalición informal pero poderosa que responde al nombre de “anti-petrismo”.
Esta alianza, conformada por sectores conservadores, élites económicas, medios de comunicación tradicionales y figuras políticas de la derecha y el centro-derecha, actúa en función de un solo objetivo: detener cualquier iniciativa del gobierno de Gustavo Petro, incluso si ello implica bloquear avances fundamentales en derechos laborales y el sistema de salud.
Uno de los más recientes episodios de esta confrontación ha sido el rechazo de estos sectores a la convocatoria de una consulta popular anunciada por el presidente Petro.
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Esta consulta, que busca restablecer beneficios laborales para la clase trabajadora y proponer una solución estructural a los problemas del sistema de salud, ha sido objeto de una feroz campaña de desprestigio.
Quienes se oponen a ella no lo hacen por un análisis técnico o legal de su viabilidad, sino por su identidad ideológica profundamente anclada en el anti-petrismo. Es decir, no les importa el contenido de las reformas, sino el hecho de que las impulse Petro.
Lo más grave es que esta coalición está instrumentalizado incluso hechos lamentables como el atentado contra el senador Miguel Uribe –uno de los más visibles opositores a las reformas sociales– para desviar la atención pública.
En lugar de hacer un llamado sincero a la unión y al respeto por la democracia, se ha utilizado este acto de violencia para fortalecer una narrativa de “persecución política” que pretende justificar un bloqueo total a las reformas del actual gobierno.
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No es coincidencia que esta misma alianza convocara una manifestación llamada “marcha del silencio”, con el supuesto propósito de “defender la democracia”.
Sin embargo, los hechos demostraron que dicha protesta se transformó en un espacio de expresión del odio visceral hacia Petro, sin propuestas, sin argumentos, y sobre todo, sin conexión con las verdaderas necesidades del pueblo colombiano.
La manifestación fracasó en su intento de mostrarse como una “voz ciudadana” y terminó desenmascarando su verdadero carácter: una movilización anti-trabajadores, anti-reformas, y pro status quo.
En este contexto, el anuncio del presidente Petro sobre la firma del decreto que convoca a la consulta popular ha sido un acto de profundo sentido democrático.
Se trata de dar la palabra al pueblo, de permitir que sea la ciudadanía quien decida si quiere un país con justicia laboral y un sistema de salud digno.
El ministro de Justicia, Eduardo Montelagre, fue enfático al afirmar que el presidente actúa dentro del marco constitucional.
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“No se trata de un acto al margen de la ley”, declaró, defendiendo así el derecho legítimo del gobierno a acudir a la participación directa como instrumento de transformación social.
Resulta preocupante que los sectores que históricamente han gobernado sin someter sus decisiones al escrutinio popular hoy se rasguen las vestiduras ante una herramienta como la consulta popular.
Lo que realmente temen no es un desbordamiento institucional, sino perder el control sobre un país que por décadas ha funcionado al servicio de unos pocos. Por eso se oponen con fiereza, porque saben que una consulta popular podría ser el principio del fin de sus privilegios.
El anti-petrismo no es una postura política legítima basada en argumentos, sino una reacción emocional al avance de los sectores populares.
Se oponen no a Petro, sino a lo que él representa: el intento de democratizar el poder, distribuir con más justicia la riqueza, y construir un país con derechos para todos.
La consulta popular es una expresión de esa voluntad transformadora y, pese a los intentos por sabotearla, representa una esperanza para millones de colombianos.
