El reciente anuncio sobre la aprobación del impuesto a través del recibo de luz, impulsado por el gobernador Juvenal Díaz, ha generado un fuerte rechazo entre la ciudadanía de Santander.
Con 12 votos a favor y 4 en contra, el proyecto que empezará a aplicarse desde el próximo mes de septiembre será una carga adicional para los habitantes de la región, quienes deberán afrontar un cobro mensual durante un periodo de tres años.
Este nuevo impuesto no solo afectará los bolsillos de los santandereanos, sino que también refleja una serie de decisiones y posturas políticas que han encendido el debate sobre la equidad fiscal y la justicia social en el departamento.
Aliviar los costos de políticas de seguridad a costa de la clase trabajadora
El objetivo declarado del impuesto es reforzar la seguridad en el territorio, una preocupación legítima debido a las amenazas y problemas de orden público que han afectado a la región.
Sin embargo, la medida ha sido vista por muchos como un intento de aliviar los costos de políticas de seguridad a costa de la clase trabajadora, una clase que ya enfrenta desafíos económicos considerables.
La propuesta llega en un momento de gran vulnerabilidad económica, especialmente en zonas como Barrancabermeja, donde el desempleo y la informalidad afectan a un gran porcentaje de la población.
En medio de la rumba, Jonathan Vásquez se pronunció a favor del aumento
Un punto que ha generado indignación es la postura del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, quien, en un contexto de celebraciones por el aniversario de la ciudad, ratificó su apoyo al alza en las tarifas de energía.
Durante las festividades, en las que muchos ciudadanos se encontraban centrados en los eventos culturales, Vásquez aprobó el alza en un acto simbólico que busca reforzar la seguridad en la región.
En su declaración, el alcalde destacó que «la seguridad del pueblo no se negocia, se protege, se fortalece y se garantiza». Si bien la seguridad es, sin duda, una prioridad, la manera en que se está abordando el financiamiento de esta medida ha dejado a muchos en la comunidad con un sabor amargo.
Para los habitantes de Barrancabermeja y otras localidades de Santander, esta nueva carga es especialmente dura debido a las condiciones socioeconómicas que enfrentan.
La ciudad ha sido históricamente una de las más afectadas por altos índices de desempleo, una economía informal prevalente y una pobreza estructural que ha dejado a muchas familias luchando por sobrevivir.
En este contexto, el nuevo impuesto no es solo una carga económica más, sino un recordatorio de las desconexiones entre las autoridades locales y las necesidades reales de la población.
La pregunta que muchos se hacen es si las soluciones propuestas realmente abordan los problemas más urgentes de la región, o si, por el contrario, solo buscan maquillar una crisis sin resolverla de fondo.
Mal uso y derroche de los recursos públicos
Es aún más incomprensible cuando se sabe que, en paralelo, la administración de Juvenal Díaz ha estado involucrada en gastos cuestionables. El uso exagerado de helicópteros por un valor superior a los 3 mil millones de pesos en apenas cuatro meses ha generado una ola de críticas sobre la falta de prioridades claras en el manejo del dinero público.
Mientras los ciudadanos enfrentan aumentos en sus facturas de luz, el gasto en equipos de lujo para la seguridad parece no estar alineado con las necesidades inmediatas de la población más vulnerable.
En lugar de optar por medidas que pudieran aliviar la carga económica de los ciudadanos, el gobernador parece haber decidido buscar recursos adicionales a través de impuestos, sin considerar alternativas menos gravosas.
Gracias a estos diputados el recibo de luz llegará más costoso después de que aprobaran el impuesto de Juvenal Díaz
— Barrancabermeja Virtual (@BcaVirtual) April 25, 2025
Ni un voto para estos diputados
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Desconfianza en las autoridades
Esta medida, al ser impuesta sin un adecuado debate público y sin una consulta profunda con la ciudadanía, genera desconfianza en las autoridades locales.
La falta de transparencia en el proceso y la percepción de que el poder político está más preocupado por fortalecer la infraestructura de seguridad que por atender las necesidades básicas de los ciudadanos, ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de la medida.
La historia reciente de Santander ha sido testigo de muchos conflictos sociales originados por políticas públicas que no toman en cuenta las realidades económicas de la población más desfavorecida, y este impuesto parece seguir la misma línea.
En este sentido, la comunidad confía en que, a través de las urnas, podrán expresar su descontento con aquellos que apoyan lo que muchos consideran una medida injusta.
El desajuste entre las políticas de seguridad y las necesidades de desarrollo económico de la región podría ser un factor clave en las elecciones venideras, donde la población tendrá la oportunidad de demostrar su desagrado por una medida que, a pesar de su propósito de supuestamente garantizar la seguridad, podría terminar afectando aún más a las familias más necesitadas.
