El proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la constitución del 91 , ni para perpetuarme en el poder.
En las más de tres décadas que han pasado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91, no han podido resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana y por eso debe el constituyente, es decir el pueblo entrar a resolverlos:.
Mientras no se aplicaba la constitución del 91 en estas tres décadas, los poderes constituidos fueron penetrados por un régimen de corrupción impune y de facto y por una gobernanza paramilitar que reemplazó el estado social de derecho y asesinó a más de 100.000 colombianos.
En vez de aplicar la constitución de 1991, el régimen de corrupción asesinó a más de 100.000 colombianos para concentrar sanguinariamente la riqueza.
El proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la constitución del 91 , ni para perpetuarme en el poder.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2024
En las más de tres décadas que han oasado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91, no han podido resolver varios problemas fundamentales… https://t.co/BRxPF3qrYZ
Por eso proponemos que se discuta en este proceso constituyente:
1. El cumplimiento del acuerdo de paz que supone:
a) Una reforma agraria,
b) La inclusión del territorio y la población abiertamente excluida, y
c) La verdad como eje de la justicia.
El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir.
2. Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana: Agua potable, salud, y renta para la población más vieja.
En los últimos 30 años la inversión pública se concentró en los sectores y los sitios más pudientes contrario a lo ordenado por la constitución y el acuerdo de paz. Las sentencias de la corte constitucional en esta materia fueron desacatadas impunemente. Hoy el que debía ser el estado social de derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad.
3. Recuperar los objetivos de la constitución del 91, contra reformados, en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria.
4. Constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía
5. Garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia ddl Banco de la República, priorice el empleo y la producción.
6. Cumplir la orden de la constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos, léase el Congreso, no cumplieron porque su base electoral depende es del actual ordenamiento territorial que es el de la constitución de 1886.
El ordenamiento territorial es imperativo hacerlo alrededor del agua como criterio estructurante, proponemos garantizar la región autonòmica pero con un fuerte proceso de inclusión con los territorios olvidados que compense la actual y aberrante desigualdad territorial.
7. Separar la política de la financiación privada.
8. Durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema de justicia basado en la venganza punitivista y politizada que terminó encubriendo los grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía. Proponemos llevar el sistema judicial hasta obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia. La verdad es la antesala de toda reconciliación y perdón.
El pueblo está convocado por la presidencia de la república a expresarse, a decidir.
Para ello proponemos la constitución de coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía
¿Qué pasará con las actuales reformas en el congreso?
Si una mayoría formada en la comisión séptima del senado anula los proyectos de ley discutidos arduamente en el Congreso, anulará el proceso de una transición tranquila y ordenada. El sistema de salud ya colapsó por su propia corrupción y el pensional privado se acerca a lo mismo por otras razones.
Así que hundidas las transiciones ordenadas entramos a actuar de inmediato para garantizar los derechos de la población.
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