El acoso judicial es una forma de agresión que consiste en interponer recursos legales en contra de periodistas o denunciantes que investigan e informan, en su mayoría, sobre corrupción e irregularidades en entidades del Estado. Algunos de esos recursos suelen ser demandas civiles, acusaciones criminales, procesos administrativos o acciones constitucionales (en el caso de Colombia).
Este tipo de demandas suelen respaldarse en la defensa del buen nombre, del honor, y de la intimidad de funcionarios(as) públicos y de particulares con exposición pública. Los procesos judiciales que se emprenden tienen el fin de intimidar a los y las periodistas, afectarlos emocional y económicamente y desincentivar su trabajo investigativo.
Desde la FLIP y ARTÍCULO 19 se ha registrado un incremento en los casos de acoso judicial en los últimos años. Para ambas organizaciones resulta muy preocupante que tanto en la legislación colombiana como en la mexicana haya normativas que posibilitan el acoso judicial, y que muchos jueces y funcionarios del aparato judicial emitan sentencias contra periodistas completamente opuestas a los estándares internacionales de libertad de expresión.
Por ello, en el acoso judicial, la víctima no es solo el periodista o denunciante, es también la sociedad que ve sus derechos reprimidos. Los derechos a recibir información y a la libertad de prensa y expresión de toda la ciudadanía están siendo oprimidos.
El informe
Leyes del silencio es un informe que ofrece una mirada paralela de casos y condiciones del acoso judicial en México y Colombia. Los autores analizan las leyes que facilitan el acoso judicial en ambos países y los patrones de comportamiento del Estado frente a esta forma de agresión a la prensa. También presentan casos de periodistas y defensores de derechos humanos que se han enfrentado a procesos judiciales desgastantes y arbitrarios, y explican las diferentes afectaciones que sufren las víctimas de acoso judicial: económicas, laborales, emocionales, y hasta físicas, pues muchas veces las demandas van acompañadas de amenazas y atentados a la integridad de los periodistas.
Las cifras
El acoso judicial no es una estrategia nueva de silenciamiento. Ha sido empleada en todo el mundo contra organizaciones sociales, pero ahora parece haber un auge del uso de este mecanismo contra la prensa. Entre el 2018 y el 2020, la FLIP registró 140 casos de acoso judicial contra periodistas en Colombia. En el mismo período, ARTÍCULO 19 registró 81 casos.
La FLIP empezó a registrar los casos de acoso judicial en Colombia en el año 2017, cuando se contaron 14 casos. En el 2018 fueron 38. 66 en 2019 y finalmente, 36 en 2020.
Según los registros de ARTÍCULO 19, en México tan solo se registró un caso en el 2015. Para el 2016 fueron 13. De nuevo 13 en 2017. 21 en 2018. 21 en 2019, y por último un ascenso a 39 en 2020.
Los casos
El informe Leyes del silencio expone ocho casos de periodistas y defensores de derechos humanos de ambos países, entre ellos los de los periodistas colombianos Gonzalo Guillén, Juan Pablo Barrientos, Edison Lucio Torres y Sergio Mesa.
En esta sistematización de casos, los autores pudieron constatar algunos patrones similares, como el hecho de que los demandantes o censuradores son casi siempre funcionarios del estado o personalidades públicas, como políticos e influyentes figuras religiosas.
Es alarmante que en Colombia y México el aparato judicial se preste para el juego de intereses particulares y privados. En el acoso judicial se castiga al mensajero, al denunciante y por ende, al derecho de todos a recibir información y a la libre expresión.
Fuente: FLIP
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