Las familias de los jóvenes que fueron ejecutados extrajudiciales exigieron este miércoles que el general Mario Montoya retirado sea expulsado de la jurisdicción de paz.
El también ex comandante del Ejército se acogió a la JEP en octubre de 2018 en un proceso que incluye 2.429 casos de ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Fiscalía General, casos que fueron remitidos a la justicia transicional y que al parecer fueron cometidos bajo su mando cuando era comandante del Ejército, entre marzo de 2006 y noviembre de 2008.
Pero no solo quieren a Montoya por fuera de ese tribunal, también pidieron la expulsión del coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez quien se sometió a la JEP en junio de 2017 y obtuvo su libertad transitoria y condicionada después de ser acusado de conformar un grupo especial responsable de 18 homicidios presentados como bajas en combate.
“Hoy estamos (…) exigiendo que se excluya a los dos militares que están compareciendo en la JEP. Estos militares concuerdan con la política negacionista del Estado y además de eso han hecho una política y un pacto de silencio que ha impedido conocer la verdad”.
¿Quién dio la orden?
Frente a la sede de la JEP en Bogotá, donde presentaron el mural con la imagen de varios miembros del Ejército bajo la pregunta “¿Quién dio la orden?”, Salamanca reclamó que la sociedad colombiana necesita saber quiénes son los responsables “de las más de 5.763 ejecuciones extrajudiciales”.
El Movice y otras organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron ante la JEP dos solicitudes de apertura de incidente de incumplimiento, figura que contempla la Ley Estatutaria del tribunal cuando los agentes estatales que se han sometido a esa jurisdicción para obtener beneficios a cambio de verdad no cumplen a cabalidad con este propósito.
Según las organizaciones, en su comparecencia Montoya no solo hizo “afirmaciones discriminatorias culpando a la tropa de haber cometido estos asesinatos por ignorancia o ausencia de juicio moral” sino que además “incurrió en un fraude a la verdad al expresar que no tuvo conocimiento de la existencia de ejecuciones extrajudiciales durante el ejercicio de su mando”.
“Estoy aquí para intervenir el muro, para recordar que esto no se debe olvidar, que estos asesinos tienen que pagar por lo que hicieron.
Las Madres de Soacha están presentes
Las Madres de Soacha están presentes aquí con este mural diciendo ‘nuestros hijos están vivos’“, explicó Javier Saavedra, otro manifestante.
Según las organizaciones, el coronel retirado Mejía, quien ha comparecido tres veces en versiones voluntarias ante la JEP, ha insistido en no reconocer los hechos pese a ser mencionado y haber sido vinculado a los homicidios.
“Tampoco han realizado un relato que contribuya al esclarecimiento del fenómeno generalizado de los mal llamados ‘falso positivos’ ni a las circunstancias en que ocurrieron”, subrayó el Movice.
Este movimiento insiste en que Mejía, que fue comandante de Batallón La Popa, con sede en Valledupar (norte) “ha posado como víctima de un montaje político y judicial (…) del cual culpa a la Revista Semana por la publicación de un reportaje denominado ‘De héroe a villano’ que documentó las relaciones del alto oficial con grupos paramilitares en el Cesar”.
En septiembre de 2013, Mejía fue condenado a 19 años y seis meses de prisión por vínculos con el paramilitarismo, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en marzo de 2019, pero reducida a 14 años y dos meses de prisión, y la JEP le concedió libertad condicional.
“Esta intervención la hacemos en nombre de todas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, solicitando como siempre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo hacemos porque consideramos que hay militares en la JEP que no están cumpliendo con su compromiso de esclarecer la verdad respecto de lo que pasó”, dijo Natalia Herrera, abogada de la Corporación Jurídica Yira Castro.
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