La Sección de Revisión ha rechazado dos veces la solicitud de este defensor de derechos humanos de revisar su sentencia a 18 años de prisión por homicidio. La absolución de Arístides Andrade era su gran esperanza, pero no ha funcionado a su favor.
A David Ravelo Crespo, exdirigente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) en Barrancabermeja, se le están acabando los escenarios a los cuales recurrir para trascender en la historia como un hombre sin condena a cuestas. Según la justicia, Ravelo fue el determinador del asesinato de David Núñez Cala, secretario de Obras de Barrancabermeja (Santander), quien murió baleado por un sicario en las calles de ese municipio santandereano el 5 de abril de 1991. Con la absolución al exsenador Aristides Andrade por este mismo crimen, Ravelo creyó ver una luz al final de su largo y oscuro túnel. Pero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hasta ahora, no le copia.
En una decisión tomada el pasado 13 de mayo, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz confirmó el rechazo a la solicitud que hizo Ravelo, en febrero de este año, para que la justicia especial revisara su condena. El abogado de Ravelo, Reinaldo Villalba (del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo), acudió a la JEP con lo que a su criterio eran pruebas sobrevinientes, es decir, evidencias que surgieron después de que Ravelo fuera condenado. La más importante de todas era el fallo absolutorio con el cual, en mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia eximió al exsenador Andrade de responsabilidad por el asesinato de Núñez Cala.
Fallo absolutorio para Aristides Andrade
El excongresista duró 10 años lidiando con un proceso judicial en su contra por el homicidio de Núñez Cala, con base, principalmente, en el mismo testigo que involucró a Ravelo en ese crimen: el de Mario Jaimes Mejía, un exparamilitar conocido como el Panadero. Acogido al programa de Justicia y Paz como desmovilizado de las Auc, el Panadero le contó a la Fiscalía no de las barbaridades del paramilitarismo —que más bien ha eludido—, sino de sus días como integrante del frente 24 de las Farc.
Dijo que el asesinato de Núñez Cala se planeó en un restaurante popular del puerto petrolero y que en esa planeación fueron claves tanto el exsenador Aristides Andrade como David Ravelo. El Panadero aseguró ante la justicia que Andrade y Ravelo querían a Núñez Cala fuera del mapa por su aspiración a la Alcaldía y que, con base en esa pugna política, se orquestó su muerte. “Aristides respetaba profundamente la ley, era congresista de la República y era supremamente amigo de David Núñez, era la persona que había visto (a Núñez Cala) como sobresaliente, entonces, ¿por qué habría de oponerse a ello Andrade?”, dijo el político santandereano Horacio Serpa en 2016, ante la Corte Suprema de Justicia, cuando fue llamado a hablar en el juicio contra Andrade. Andrade, por su parte, esgrimió siempre un argumento simple y directo: alias el Panadero miente.
Formalismo en la JEP
“Me parece increíble que hayan tomado esa decisión, de verdad. Ni siquiera era una decisión de fondo, era admitir el caso para estudio. Lo que siento es que hay demasiado formalismo en la JEP”, dijo el abogado de Ravelo, Reinaldo Villalba, quien sostiene que el caso contra Ravelo fue tan mal armado que, por ejemplo, la tesis del Panadero de que él y Andrade querían a Núñez Cala fuera del panorama electoral, se caía por el lado más simple: que, en 1991, no había elecciones. Datos de la Registraduría Nacional muestran que los comicios regionales se llevaron a cabo en 1992; el anterior fue el año de la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Política del país.
Ravelo, por su parte, dijo que él es respetuoso de las decisiones de la justicia, “así sean decisiones injustas”. “Fue un montaje, utilizaron todo el aparato del Estado para condenarme”, agrega el hoy integrante del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Reclama que lo haya llevado a juicio el fiscal William Pacheco, quien para entonces trabajaba en la Fiscalía a pesar de tener vigente una sanción de la Procuraduría que lo inhabilitaba para ejercer ese cargo por un caso de desaparición forzada de 1991 y fue detenido —apenas el año pasado— por esa misma razón. “Lo que nos interesa es que se conozca la verdad de los hechos. Vamos a seguir insistiendo”, dice.
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