En su columna de la revista Semana correspondiente al domingo 3 de febrero, el periodista Daniel Coronell revela el que sería el segundo caso de soborno a un juez de la República por parte del empresario Carlos Mattos.
Ligia del Carmen Hernández Pérez era la Jueza 16 Civil Municipal de Bogotá que reconoció «haber aceptado 100 millones de pesos en varios pagos de parte de Mattos», según el columnista.
En su despacho, Hernández recibió en 2015 “una solicitud de inspección judicial a las oficinas de su contraparte, en el multimillonario pleito por la representación de Hyundai en Colombia”.
Posteriormente falló en derecho a favor del empresario; algo que, sumado al hecho de haber recibido los dineros después de emitir su providencia, sería un atenuante suficiente para que no se encuentre presa, de acuerdo con el periodista.
Coronell señala que tales sumas fueron entregadas a manera de regalo por Dagoberto Rodríguez, que también obtenía su parte. Este funcionario, preso actualmente tras confesar la entrega del dinero, era “oficial mayor” del Juzgado Sexto Civil; el mismo del juez Reinaldo Huertas, también procesado por recibir presuntos sobornos de Mattos.
El artículo de Daniel Coronell establece que quien hizo la solicitud fue el actual fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Sin embargo, este podría no tener nada que ver con el ilícito, pues solo aparece como el apoderado de la empresa de Mattos a la hora de solicitar el procedimiento.
El periodista reconoce que “es posible que el abogado Néstor Humberto Martínez no supiera que su cliente Carlos Mattos recompensó a la jueza del proceso del que él fue apoderado“. Sin embargo, añade que “el ahora fiscal general también debería brindar explicaciones sobre este asunto“.
Coronell concluye que Mattos continua con lo que considera una nueva maniobra dilatoria, mientras en Colombia “responden ante la justicia casi todos los demás protagonistas de los delitos cometidos para favorecerlo“.
“Casi todos están pagando su parte, pero Mattos sigue en España tranquilo y disfrutando de una fortuna que, en parte, es producto de esta operación”, concluye Daniel Coronell su columna.
Justicia por cuotas
Mientras Mattos, cómodamente instalado en España, se declara perseguido y usa todas las maniobras posibles para dilatar el proceso, en Colombia responden ante la justicia casi todos los demás protagonistas de los delitos cometidos para favorecerlo.
Una jueza que tomó decisiones a favor del empresario Carlos Mattos, acaba de confesarle a la justicia que recibió plata por eso. Es el segundo caso de un juez involucrado en pagos ilegales en procesos en los que Mattos tiene interés. Se llama Ligia del Carmen Hernández Pérez y era la juez 16 civil municipal de Bogotá. A su despacho llegó una solicitud de la empresa de Mattos para efectuar una inspección judicial a las oficinas de su contraparte, en el multimillonario pleito por la representación de Hyundai en Colombia.
La jueza reconoció hace unos días, ante un juzgado penal en función de garantías, que después de haber tomado una medida cautelar que favorecía los intereses de Carlos Mattos recibió pagos por 100 millones de pesos.
Como el dinero le fue entregado después de tomar la decisión y la determinación aparentemente está ajustada a derecho, la ley consagra un trato más benigno. Por eso la exjueza Ligia del Carmen Hernández está en libertad.
La persona que le entregó la plata fue otro funcionario judicial que le expresó la gratitud de Carlos Mattos. Ese funcionario se llama Dagoberto Rodríguez y era el oficial mayor de otro juzgado, el sexto civil presidido por Reinaldo Huertas, el otro juez procesado por presuntamente recibirle sobornos a Mattos.
Según la confesión de Dagoberto Rodríguez, el empresario Carlos Mattos le preguntó que si conocía a la jueza para enviarle un regalo. El regalo fue recibido por ella en varias entregas. Siempre le daba una parte a Dagoberto.
El tema no para ahí. El abogado que, a nombre de la empresa de Mattos, inició el proceso ante el despacho de la jueza que admite haber recibido el pago por cuotas, es el actual fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez.
El memorial presentado por la firma jurídica DLA Piper Martínez Neira, en noviembre de 2015, está firmado por el propio Néstor Humberto Martínez actuando como apoderado de Hyundai Colombia Automotriz S.A., la empresa de Carlos Mattos.
En el acta de reparto también quedó constancia de que Néstor Humberto Martínez Neira es el abogado de la compañía de Mattos.
La misma jueza Ligia del Carmen Hernández, hoy confesa autora del delito de cohecho impropio aparente, firma una providencia en la que además de ordenar la inspección judicial declara: “Se reconoce personería al abogado Néstor Humberto Martínez Neira como apoderado judicial de la parte solicitante”.
Es posible que el abogado Néstor Humberto Martínez no supiera que su cliente Carlos Mattos recompensó a la jueza del proceso del que él fue apoderado. Lo seguro es que el ahora fiscal general también debería brindar explicaciones sobre este asunto.
El caso Mattos tomó un extraño giro la semana pasada cuando un juez de segunda instancia determinó que la orden de captura contra Carlos Mattos debía ser revocada porque el juez de primera instancia no evaluó suficientemente la evidencia tanto de la Fiscalía como de la defensa.
Mattos le quiere sacar provecho político y propagandístico a esta decisión pintándose como una víctima. Minutos después de que se conociera la caída de la medida de aseguramiento en su contra puso un trino diciendo: “Lentamente se empieza a hacer justicia en esta persecución de la que soy víctima”.
Mientras Mattos, cómodamente instalado en España, se declara perseguido y usa todas las maniobras posibles para dilatar el proceso, en Colombia responden ante la justicia casi todos los demás protagonistas de los delitos cometidos para favorecerlo.
Está preso el juez Reinaldo Huertas, está preso el oficial mayor del juzgado Dagoberto Rodríguez, está preso el abogado y exmiembro de la junta directiva de la empresa de Mattos, Luis David Durán Acuña, quien le ha narrado a la justicia los pormenores de los pagos del soborno; están presos los técnicos que alteraron el reparto para favorecer a Mattos.
Está preso el abogado Alex Vernot, acusado de ir a una cárcel para intentar sobornar al principal testigo del caso para que cambiara su versión a favor de Mattos.
Casi todos están pagando su parte, pero Mattos sigue en España tranquilo y disfrutando de una fortuna que, en parte, es producto de esta operación.
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