El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández —de quien se tiene la percepción que es un funcionario ‘honesto’— ha sido denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, por un acto de corrupción administrativa que también involucra a su hijo, tras la firma de un ‘pre acuerdo’ suscrito ante un notario para el pago de una ‘comisión por corretaje’ en la gestión por la compra de maquinarias, una vez se adjudicara el contrato de construcción de una planta de transformación de residuos sólido en el relleno sanitario El Carrasco ubicado en la capital de Santander.
El controvertido compromiso se fundamenta en la firma de un documento privado autenticado en la Notaría Novena (9a) de Bucaramanga del que participaron Luís Carlos Hernández, hijo del alcalde, quien por hacer ‘corretaje por gestión’ tendría derecho a una comisión de 100 millones de dólares; Luís Andelfo Trujillo, Carlos Adolfo Gutiérrez y Jorge Hernán Alarcón Ayala, asesor de la empresa de aseo EMAB.
El contrato lo suscribiría la empresa metropolitana de aseo EMAB y la empresa Vitalogic RSU para la construcción de la PTRS en el relleno sanitario El Carrasco que, finalmente, no fue adjudicado pues el favorecido no presentó la póliza que era requisito habilitante. Sin embargo, Hernández (el hijo del alcalde) insistía en contratar directamente con la empresa favorecida y concesionaba este servicio por 30 años que busca la transformación en energía eléctrica de esos residuos que son llevados a ese relleno.
También resulta salpicada la esposa de Rodolfo Hernández, la señora Socorro Oliveros de Hernández, pues el denunciante asegura que «en la oficina de Constructora HG (empresa familiar del alcalde de Bucaramanga) se acordaron los términos para concesionar durante 30 años ese servicio».
Según el portal corrillos.com.co «de todas estas irregularidades, existen pruebas en documentos notariados, mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas que demuestran el posible ‘torcido’ del que era conocedor Hernández» quien, supuestamente, se reunió en Bogota con los representantes de la empresa contratista que iba a resultar seleccionada y se comprometió en contratar a los profesionales que harían los pliegos de condiciones.
Precisamente, uno de los involucrados, Luís Andelfo Trujillo, fue quien denuncio este posible acto de corrupción que salpica al alcalde de Bucaramanga y su familia.
El denunciante además mencionó la supuesta existencia de un ‘peaje’ en la Alcaldía de Bucaramanga, en el que los aspirantes a cualquier contratación directa deben someterse a pagar por ese derecho, poniendo en evidencia un ‘cartel de la coima’ y el supuesto tráfico de influencias para direccionar la contratación.
En cuanto al contrato con la planta de residuos sólidos, el denunciante dijo que para esta contratación ya el alcalde había designado las personas que redactarían los pliego de condiciones dirigidos a facilitar la escogencia de la futura empresa ganadora.
Andelfo Trujillo agregó que el ingeniero que llevó todo el proceso licitatorio y el abogado encargado de los aspectos legales de esta contratación fueron contratados por la EMAB y al concluir su labor no le renovaron más su contrato.
El testigo que está dispuesto a ampliar su denuncia ante los organismos de control señaló que Rodolfo Hernández, el alcalde de Bucaramanga, delegó en su hijo los pormenores de esta negociación. Y fue más allá, cuando asegura que con Socorro Oliveros de Hernández, esposa del alcalde, «se reunieron en las oficinas de Constructora HG (empresa familiar del alcalde) para acordar la concesión por 30 años, tiempo durante el cual esperaban que la empresa concesionaria presentara utilidades de alrededor de $ 300 millones de dólares, es decir, $ 900.000 millones de pesos colombianos».
Las comisiones que derivarán de la ‘gestión’ del hijo del alcalde y que incluyeron compra de maquinaria para el proceso de la planta, serían repartidas, dice el denunciante, así: 28 % a Luís Carlos Hernández Oliveros (hijo del alcalde), Luís Andelfo Trujillo (15 %). Aparte de ello, el hijo del Alcalde recibiría la suma de 100 millones de dólares como pago de comisión por «ser lobista».
El denunciante exigió seguridad y protección especial pues teme por su vida.
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