(Informe Especial / Colprensa)
Ni en San Benito Abad, Sucre; ni en Ocaña, Norte de Santander; ni en El Copey, Cesar; ni en Icononzo, Tolima, y tampoco en la ciudad de Barrancabermeja, se logró superar el umbral que exigen las revocatorias de mandato, pero en todas ganó el Sí.
Estos son los cinco procesos que se han llevado a cabo de los 107 que se estarían impulsando en el territorio nacional para revocar alcaldes y gobernadores. Y en ellos, el factor del umbral sigue siendo el requisito más difícil de cumplir.
Lo curioso, es que las reglas para llevar a cabo este mecanismo cambiaron desde este año —lo cual parece haber influido en el aumento de solicitudes de revocatorias— bajando los porcentajes requeridos tanto para el número de firmas como para el umbral.
Antes, las firmas deberían corresponder al 40 % del total de los votos válidos que eligieron al gobernador o alcalde, ahora se requiere del 30 % de los votos. Antes, el umbral para que el mecanismo fuera válido era determinado por el 60 % de la votación que se registró el día de la elección del mandatario, ahora se requiere del 40 % de la participación correspondiente a ese día.
Y, antes del total de los votos que se lograran para el mecanismo, el 60 % tenía que coincidir con el criterio de sacar el alcalde o el gobernador, ahora gana la tendencia que tenga la mitad más uno de los ciudadanos que participaron.
Las reglas se modificaron porque eran, para muchos, muy difíciles de cumplir, pero ahora que se aplica la nueva normativa parece que siguen siendo requisitos demasiados altos.
Llevar a cabo el proceso no es fácil y menos ahora tras el debate que se abrió frente las motivaciones reales de varias de las solicitudes que traerían ‘intenciones más enfocadas al revanchismo político que por el bien de la ciudadanía’, pero además, se suma el patrón que ya parece ser cultural, del abstencionismo.
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Para el analista político, John Mario González, ver los resultados que se dieron este fin de semana en Barrancabermeja e Icononzo (Tolima) —en este último el abstencionismo superó el 90 %—, “es un balance que decepciona de los mecanismos de participación ciudadana y del modelo de democracia participativa del año 91, porque hasta ahora no ha habido una sola revocatoria de mandato en Colombia en los 26 años de vigencia de la Carta Política”.
A primera vista, haber inscrito el comité promotor en la Registraduría, recoger el número de firmas requerido, haber hecho la convocatoria de la revocatoria y haber realizado las respectivas campañas por el Sí o por el No, muestran una cadena de esfuerzos que se terminan perdiendo con la falta de participación ciudadana.
Pero, es la muestra de un debate muy amplio y más con los cuestionamientos que se han hecho a este tipo de solicitudes. Esto, porque por un lado está ‘el derecho a la participación ciudadana’ y por el otro está ‘la gobernabilidad de los mandatarios locales’ para garantizar la estabilidad de los municipios y departamentos.
“Yo creo que las reglas para una revocatoria son muy difíciles de cumplir, pero si se rebajan más, generaríamos un problema en las administraciones locales, de inestabilidad e ingobernabilidad, entonces yo creo que lo mejor es mantener las reglas como están”, piensa González.
Y bien, posiblemente, sea precisamente el umbral del 40 % el que evite que el mecanismo se use para un revanchismo político y por minorías se acabe con el mandato de una autoridad local, pero lo que sí es cierto es que los recursos invertidos en estos 5 procesos electorales prácticamente se perdieron.
Según estimaciones hechas por el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, si se hicieran las 107 solicitudes, la organización electoral gastaría cerca de $ 100 mil millones de pesos y si llegaran a aprobarse del todo se gastarían $ 100 mil millones más para elegir a sus reemplazos.
Con esto, nuevamente se abre el debate sobre la necesidad de ser más estrictos en los avales que se dan a las firmas y el Consejo Nacional Electoral ha dicho por tanto que revisará las motivaciones de cada una de las solicitudes, pero, por ejemplo, sobre los 5 procesos electorales ya realizados no se llegó a emitir ningún tipo de concepto.
Para González, no debería haber una preocupación porque las revocatorias lleguen a buen puerto, sino se debería enfocar el tema en las firmas: “deben haber reglas más rigorosos para que no se conviertan en un factor de ingobernabilidad cada 4 años en los municipios del país”. Pero esa regulación, considera, debe hacerse en el Congreso de la República.
Mientras tanto, en el Consejo Nacional Electoral se intenta destrabar el proceso de revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, —que costaría cerca de $ 35 mil millones de pesos—, y se sigue a la espera de decisiones por parte del organismo electoral frente a las otras solicitudes de revocatoria que ya están programadas, como es el caso de Carmen de Bolívar, Bolívar; San Antonio de Palmito, Sucre; Puerto Carreño, Vichada, y Sogamoso, Boyacá.
