Durante la semana que pasó las altas Cortes estuvieron en «el ojo del huracán» tanto por las explosivas declaraciones del magistrado saliente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, en el sentido de que en las Cortes habría «mermelada», como por la decisión del Consejo de Estado de tumbar las elecciones de los magistrados Francisco Ricaurte y Alberto Rojas, demandada por tres connotados periodistas.
Por su parte, la Corte Constitucional se anotó una jugada al hundir cuatro jubilaciones millonarias de magistrados auxiliares y advertir a los jueces sobre la obligación de no exceder su tope de $ 15 millones de pesos en las mesadas de los jurisconsultos.
Es en este contexto el ex magistrado José Gregorio Hernández habló sobre lo que está pasando en la Justicia colombiana.
El ex magistrado plantea lo puntos que requiere una posible reforma y plantea que lo más importante es el acceso de los ciudadanos a la Justicia y la imparcialidad de los fallos.
Entrevista.
¿Qué explica el desprestigio de la rama jurisdiccional en Colombia?
«Las altas corporaciones gozaron hasta hace unos años de un bien ganado prestigio. Las elecciones de magistrados se tramitaban con serenidad y sin intrigas. Con el paso del tiempo, quizá en razón de la trascendencia de los fallos y por las postulaciones y nombramientos que confió a esas instituciones la Carta de 1991, lo que a su vez se tradujo en adquisición de poder, y en algunos casos de un poder inmenso, sectores políticos y económicos, los gobiernos y hasta las otras Cortes empezaron a ubicar en ellas a defensores de sus intereses, politizando los procesos de elección. Se cotizó el cargo de magistrado y cada nueva plaza se convirtió en una especie de trofeo político. Es urgente recuperar la credibilidad y el prestigio de las altas Cortes».
¿A las altas Cortes quién las ronda?
«Los magistrados tienen fuero constitucional y no pueden ser investigados sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que presenta el conjunto probatorio a la Plenaria y esta puede acusar o no, ante el Senado. Pero la Comisión de Acusaciones se ha convertido en un sistema de impunidad que no llega jamás a ninguna parte en procesos de presidentes de la República o magistrados. El nuevo Congreso debe ponerla a funcionar adecuadamente o suprimirla, que es lo que seguramente propondrá el Gobierno en el proyecto de reforma a la administración de Justicia».
¿No cree que otro de los problemas es que están llegando a las altas cortes magistrados mal preparados?
«Estoy seguro de que eso es así, lamentablemente no solo en el caso de los altos magistrados, sino también de los magistrados de tribunal, de jueces, de fiscales. El problema es que hay unas exigencias mínimas desde el punto de vista de la preparación académica. Y como en las Cortes existe la politización que nos ocupa, no son importantes la hoja de vida, ni la trayectoria, sino el respaldo político que se pueda exhibir. Debo resaltar que hay magistrados excelentes en las Cortes, pero también otros no lo son tanto».
¿Qué puntos debe tener una reforma a la Justicia?
«Hay que garantizarle al ciudadano el acceso efectivo a la Justicia y la imparcialidad de los fallos. Necesitamos un número mayor de jueces que descongestionen los despachos judiciales; un presupuesto mayor para la Rama Judicial; infraestructura adecuada a las responsabilidades de la Justicia; mejor remuneración para jueces, fiscales y empleados; exigencias superiores en preparación, formación jurídica y despojar a las Cortes de la función electoral».
