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Condenan a Julián Bolívar a 8 años de prisión.

Entre sus víctimas figuran miembros de la USO en Barrancabermeja.

Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, ex jefe militar del Bloque Central Bolívar (Bcb), fue condenado a la pena alternativa de 8 años de prisión bajo los lineamientos de la Ley 975, llamada Ley de Justicia y Paz, por los delitos de entrenamiento a grupos armado, homicidio, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores y actos de barbarie, entre otros. 

 

La Corte Suprema de Justicia tendrá que decidir si lo juzga por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, que fueron excluidos de la sentencia. HAGA CLICK AQUI Y LEA EL FALLO DE LA JUSTICIA

 

Este poderoso ex paramilitar tuvo responsabilidad directa en el exterminio de sindicalistas en Santander y Antioquia.  De las 475 sentencias en materia de violencia contra sindicalistas proferidas ente  2006 y 2011. De otro lado 41 casos son atribuibles al Bcb.

 

Sus principales víctimas fueron el Sindicato de conductores y trabajadores de la industria del transporte en Santander (Sincotrainder) y Unión Sindical Obrera (USO).  Los paramilitares asesinaron a por lo menos 20 sindicalistas y dejaron un indeterminado número de desaparecidos. La violencia contra líderes sindicales también abarcó a la región de Yondó, Antioquia, y a Capitanejo, en Santander.

 

Alias ‘Julián Bolívar’ también estuvo comprometido en el reclutamiento de menores de edad, uno de los crímenes con mayor incidencia en la zona donde operó. Según la sentencia, el grupo bajo su mando reclutó a más de 200 menores de edad. Al momento de la desmovilización, se reportaron 120 casos, entre ellos 116 hombres y cuatro mujeres, la mayoría de ellos ingresaron entre los 15 y 17 años al grupo armado ilegal.

 

Pérez Alzate lideró la incursión del paramilitarismo en el Sur de Bolívar. La primera tarea fue tomarse el caserío del corregimiento Cerro Burgos, de Simití. La operación se realizó el 11 de junio de 1998 y al lugar llegaron 96 paramilitares en cinco chalupas provenientes del sur del Cesar.

 

Documentos que recogen versiones de las víctimas dan cuenta de esta incursión: “Los paramilitares bloquearon las entradas y salidas de la localidad, buscaron en sus viviendas a algunas personas; primero llegaron a la casa de Andrés, quien había sido amenazado en reiteradas ocasiones. Éste se refugió en su vivienda y trató de defenderse con una escopeta de caza con la que dio muerte a dos paramilitares e hirió a otros dos, pero finalmente murió por efecto de una granada de fragmentación lanzada por los atacantes, quienes además demolieron totalmente el inmueble y quemaron los enseres”. 

 

La barbarie también llegó al puerto petrolero de Barrancabermeja, donde se perpetraron por lo menos 20 masacres, que dejaron cerca de 77 muertos. En todas ellas tuvo responsabilidad directa el Bcb. (ver: ‘Julián Bolívar’ reconoce que Auc cometieron 20 masacres en Santander)

 

¿Quién es ‘Julián Bolívar’?

 

Rodrigo Pérez Álzate nació en Medellín el 24 de mayo de 1962. Este ex jefe militar del Bloque Central Bolívar, delinquió en zonas rurales y urbanas de Bolívar, Antioquia, Santander y Cundinamarca entre los años 1998 y 2005, junto a  Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

 

En 1995 laboraba como comerciante  en el municipio de Yarumal, Antioquia. Para esa época, las guerrillas de las Farc y el Eln tenían azotada la región. Aprovechando las garantías que ofrecía la Gobernación de Antioquia para conformar asociaciones de vigilancia y seguridad privada, ‘Julián Bolívar’ y otros siete comerciantes de ganado y productores de leche se agruparon para conformar la Convivir Deyavanc, cuyas siglas traducen Defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento.

 

No obstante, esa Convivir no existió por mucho tiempo. En febrero de  1997, Pérez Alzate se convirtió en el líder de un grupo de autodefensas conocido como ‘el grupo de Pérez’, conformado por 19 hombres. Este fue su inicio en las autodefensas.

 

El 26 de octubre de 1997, ‘el grupo de Pérez’ se dirigió a enfrentar un grupo guerrillero que quería impedir las elecciones para alcaldes y gobernadores en el Norte de Antioquia, que se realizaría al día siguiente en todo el país. En el camino, los paramilitares fueron emboscados, dos murieron y Pérez Alzate salió herido. Una vez recuperado tomó la decisión de desplazarse hacia el Bajo Cauca y radicarse en el municipio de Caucasia, donde se unió al grupo armado ilegal que alias ‘Macaco’ lideraba en esa región.

 

Uno de los objetivos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) era incursionar en el sur de Bolívar, enclave de las guerrillas de las Farc y, en particular del Eln, que tenía dominio sobre la Serranía de San Lucas, donde se presumía que estaba el Comando Central (Coce), máxima instancia de ese grupo subversivo. Las operaciones de coordinación fueron delegadas por Carlos Castaño a Pérez Alzate, quien asumió en ese momento su alias de ‘Julián Bolívar’.

 

Después de varias incursiones en la región, el Bcb ingresó a finales de 1998 al corregimiento San Blas y desde allí a otros municipios, como Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo. Poco a poco San Blas se fue convirtiendo en el epicentro de este grupo paramilitar. Allí se fundaron la primera escuela de entrenamiento militar del bloque, que contaba con toda la infraestructura para entrenar a 300 hombres.

 

Alias ‘Julián Bolívar’ estuvo en esta zona hasta el 2001, año en el cual le cedió el territorio a Jiménez Naranjo y se trasladó al puerto petrolero de Barrancabermeja y San Rafael de Lebrija, en Santander.

 

Tras esa actividad delictiva, Pérez Alzate hizo parte de las negociaciones de desmovilización y desarme realizadas por las Auc y el Gobierno nacional durante el 2003, y se desmovilizó junto con un nutrido grupo de paramilitares el 12 de diciembre de 2005 en zona rural de Remedios, Antioquia. El 16 de agosto de 2006 fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde ha permanecido recluido durante los últimos años.

 

La reparación a la victimas.

 

Para reparara a las víctimas, los magistrados de Justicia y Paz ordenaron a la Unidad  para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que se prioricen por medio del  ICBF y el SENA la inclusión de los afectados en programas técnicos y tecnológicos. Asimismo, pidió que las universidades públicas, junto con el Icetex, generen becas y cupos prioritarios para ellas.

 

Se ordenó también a las gobernaciones de los municipios afectados que fortalezcan programas de desarrollo de proyectos productivos que generen riqueza y autosostenimiento de la región en el cual las víctimas puedan participar de manera directa e indirecta.

 

Además, la sentencia incluyó la solicitud de diagnosticar a las víctimas médica y psicológicamente con la coordinación del Ministerio de Salud y las secretarias departamentales y municipales de salud.

 

No obstante, los representantes de las víctimas apelaron la sentencia. Como ha sucedido en otros casos, sienten que les ‘embolataron’ la reparación y les cambiaron las reglas de juego a partir de la reforma que se hizo en diciembre de 2012 a la Ley de Justicia y Paz.

 

La reforma a la Ley propuso que la indemnización no fuera tasada según el daño emergente, lucro cesante y daño moral (como se hacía en el sistema anterior), sino que se unificaron los montos. Este cambio se realizó porque los dineros del Fondo de Reparación de las Víctimas no eran suficientes para pagarle a todos los afectados. La Unidad de Víctimas creó unos topes máximos para cada tipo de daño que son menores a los que se entregaron a víctimas de sentencias anteriores, como por ejemplo el caso de las víctimas de Mampujan.

 

Los apoderados de las víctimas presentaron además una nulidad por lo que consideraban una violación al debido proceso. Este  fue otro cambio de la reforma a Ley, pues  inicialmente  una vez  se impartía el control de legalidad se daba inicio al incidente de reparación por parte de los magistrados de la Sala de Justicia y Paz. En ella se escuchaban las afectaciones sufridas por las víctimas y sus expectativas y así determinar  la manera y el monto cómo el postulado debía reparar a las víctimas.

 

En el proceso contra alias ‘Julián Bolívar’ el incidente de afectación se realizó previó a la legalización. Teniendo en cuenta lo que determina la reforma a la ley, los magistrados decidieron negar esta petición.

 

Otros defensores apelaron porque, por problemas de papeleo, algunas víctimas no fueron incluidas en la sentencia. En algunos casos los magistrados aseguran que no se probaron las afectaciones, no se entregaron los documentos que demostraran que eran familiares de la víctima directa o su abogado no estaba registrado como su apoderado.

 

El representante de la Procuraduría también se opuso al fallo porque considera que no se tuvo en cuenta el daño colectivo que fue demostrado en la audiencia de identificación de afectaciones. Se espera que en las próximas semanas, los argumentos de la apelación sean presentados por escrito y, posteriormente, sean resueltos por el Tribunal.

 

Excluyen el narcotráfico.

 

Los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz excluyeron de la sentencia los delitos de narcotráfico y lavado de activos, a pesar de que la Fiscalía presentó estos cargos en el proceso de legalización.

 

La decisión del Tribunal se basó en los mismos argumentos que usó en la sentencia de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’ donde aseguraron que en la justicia transicional deben primar los delitos que impliquen una violación a los Derechos Humanos, y el narcotráfico, según los magistrados, no es uno de ellos.

 

Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y el abogado de alias ‘Julián Bolívar’. Ambos consideraron que en, el caso del Bcb, el narcotráfico fue un delito conexo que financió las actividades del grupo armado y fue con esos dineros que los paramilitares cometieron todo tipo de delitos y violaciones contra las comunidades del sur de Bolívar, los Santanderes, Magdalena Medio, Boyacá, Antioquia y Cundinamarca.

 

“Este grupo se creó con fines antisubversivos, sobre todo contra el Eln, y una vez se consolidó en la zona usó el negocio de tráfico de estupefacientes para financiarse, pero el grupo no se creó para encubrir el negocio de narcotráfico”, aseguró el fiscal que lleva el caso de Pérez Alzate. En caso de que el grupo armado se hubiera consolidado para actividades de narcotráfico sus paramilitares podrían ser excluidos de Justicia y Paz.

 

La última palabra en esta discusión la tiene la Corte Suprema de Justicia, quien decidirá si es válida la exclusión de los cargos de narcotráfico y lavado de activo. En caso de no incluirlos, la justicia ordinaria tendrá que investigar a alias ‘Julián Bolívar’ por estos hechos.

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