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Finalmente se aprobó nueva Ley de Regalías que regirá a partir del 1 de enero de 2012.

pozoDespués de una larga jornada de más de 12 horas, el pasado viernes 23 de diciembre, el Congreso le dio vía libre al proyecto de ley que fija una nueva distribución de los millonarios recursos de las regalías petroleras y mineras, sin duda, la iniciativa económica más importante de este gobierno.   Desde el próximo 1 de enero desaparece el Fondo Nacional de Regalías y se crea la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, que será presidida por Planeación Nacional, además nacen varios fondos: para proyectos de ciencia y tecnología, pago de pensiones territoriales, financiar proyectos regionales, y se abre una cuenta en el Banco de la República que servirá de ahorro para los periodos de vacas flacas.

El acuerdo, que calmó los ánimos de los alcaldes que se beneficiaban de las regalías, señala que del total de los recursos del Fondo de Compensación Regional, uno de los cinco que se crea con la nueva ley, se destinará el 30 por ciento para proyectos de impacto local en los municipios más pobres del país.
 
Se estima que 700 poblaciones se beneficiarán con cerca de 600.000 millones de pesos. No se les girará directamente las partidas sino que tendrán que presentar proyectos que serán aprobados por un órgano colegiado conformado por un representante del gobierno nacional, del gobernador y el alcalde de la localidad.
 
A partir del 1 de enero de 2012 se hará realidad la frase que popularizó el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry de repartir la mermelada sobre toda la tostada, con la cual quería decir que los millonarios recursos de las regalías comenzarán a distribuirse más equitativamente en todo el país. Se trata de una ‘mermelada’ de 8,7 billones de pesos que irán creciendo año tras año por la bonanza petrolera y minera.
 
A pesar del acuerdo firmado, sigue el malestar de los municipios productores, que sienten que les están quitando una gran tajada de los recursos que les pertenecen y que les cambiaron las reglas de juego fijadas en la Constitución de 1991 sobre una mayor descentralización y autonomía.
 
Esa es la manzana de la discordia. Hasta hoy los recursos provenientes de la explotación minera y petrolera se giraban directamente a los municipios productores y para las demás regiones estaba el Fondo Nacional de Regalías.
 
Ahora la prioridad son los proyectos financieramente sostenibles y que beneficien a más de una región. Según los críticos, el gobierno quiere echarles mano a estas partidas para hacer grandes obras de infraestructura sin poner plata del presupuesto. Así lo señala el senador del Polo Democrático Jorge Robledo, uno de los principales opositores de la iniciativa y quien insiste en que se está concentrando más el poder en el gobierno y se está dando un golpe a la descentralización.
 
Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, asegura que se atenta contra la autonomía de los productores que antes decidían en qué invertir y que ahora tendrán que esperar que les den el visto bueno desde el gobierno central. Toro se pregunta: ¿qué viabilidad financiera pueden tener una escuela o el plan maestro de alcantarillado, que son proyectos vitales para un municipio pero no para el gobierno?
 
Maritza Martínez, senadora del Meta, el segundo departamento receptor de regalías, cuestionó que el gobierno se haya excedido en el manejo de los recursos. Citó como ejemplo que mientras a los municipios les corresponderá el 9 por ciento de la torta, el gobierno se quedará con el 5 por ciento -alrededor de 500.000 millones de pesos- para el funcionamiento del nuevo sistema, su fiscalización, monitoreo y control.
 
Aunque el proyecto alcanzó a ser aprobado en las plenarias de Cámara y Senado, quedó pendiente para el próximo año su conciliación, un hecho inusual en el trámite de un proyecto de ley. El gobierno y el Congreso encontraron una fórmula salvadora para que entre a regir de manera inmediata. Se creó una subcomisión que redactó un borrador sobre lo aprobado y este texto será sometido a aprobación en marzo de 2012, cuando comience el nuevo periodo de sesiones ordinarias. Entre tanto, durante tres meses, regirá un decreto con fuerza de ley que permite poner en marcha el nuevo esquema.
 
El gobierno, si bien puede respirar tranquilo pues logró sacar adelante su proyecto económico estrella, no la tendrá tan fácil el próximo año, cuando se estrenará el sistema. Tendrá que demostrar que con este todos los colombianos se beneficiarán, pero esto solo se sabrá cuando se vean las grandes obras y se compruebe que la mermelada sí alcanza para todos y no para unos pocos.

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