30 ejecutivos de Ecopetrol deberán responder por sobrecostos de REFICAR.

El contralor Edgardo Maya Villazón reveló los nombres de más de 30 altos directivos de la refinería y de Ecopetrol que tendrán que responder con su patrimonio por el detrimento que le causaron a las finanzas públicas con sus acciones u omisiones en el millonario proyecto de la modernización de la refinería de Cartagena conocido como REFICAR.

 

Entre los que tendrán que responder están las siguientes personas: Por REFICAR, serán llamados a versión libre los ex presidentes de la refinería Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reinoso, así como los directivos Magda Manosalva, Felipe Castilla, Carlos Eduardo Bustillo, Andrés Virgilio Riera y César Luis Barco.

 

Entre los miembros de junta directiva de REFICAR están el ex presidente de Ecopetrol Javier Gutiérrez, (quien estuvo durante siete años al frente de la petrolera), así como Pedro Rosales, Diana Calixto, Hernán Martínez, Hernando José Gómez, Gloria Inés Cortés, Henry Medina, Natalia Gutiérrez, Carlos Gustavo Arrieta, Astrid Martínez, Uriel Salazar, Hernando Zerda y Carlos Eraso.

 

Pero la lista de los investigados va más allá ya que implica a actuales funcionarios públicos que fueron miembros de la junta directiva de Ecopetrol y que avalaron los mayores pagos que se hicieron al contratista estadounidense CB&I sobre la que recayeron las principales investigaciones.

 

Entre ellos se encuentran el actual presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, quien como ministro de Hacienda hizo parte de la junta directiva de esta compañía. Llama la atención su vinculación teniendo en cuenta que fue uno de los que alertó sobre los millonarios sobrecostos.

 

También están Fabio Echeverri Correa, (ex presidente de la junta directiva de Ecopetrol), así como Hernando José Gómez, Joaquín Moreno Uribe, María Fernanda Maighuasca, Roberto Steiner, Gonzalo Restrepo, Luis Carlos Villegas, así como el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, y los ex ministros Carlos Rodado Noriega, Federico Rengifo, Amilkar Acosta, Tomás González, entre otros.

 

Entre los contratistas que fueron llamados a rendir versión libre están  CB&I Americas, CB&I Limited, y CBI Colombia así como la firma de interventoría Foster Wheeler y Process Consultants.

 

Según el contralor Maya, todos los mencionados tendrán derecho a solicitar y allegar las pruebas que consideren pertinentes. Una vez agotado el periodo probatorio la entidad decidirá si hay lugar a imputación de ‘responsabilidad fiscal’ o se archivan las diligencias.

 

Las investigaciones por los millonarios sobrecostos en la refinería de Cartagena (REFICAR) terminaron en la apertura del mayor juicio de responsabilidad fiscal en la historia del país por parte de la Contraloría General de la República, que hace un año destapó el escándalo por este controvertido proceso.

 

A ellos se suman funcionarios públicos que están en altos cargos y que aprobaron los pagos millonarios al contratista Chicago Bridge & Iron (CB&I), encargado de ejecutar el proyecto que pasó de $ 3.460 millones de dólares a $ 8.016 millones, y que tuvo un retraso en su entrada en operación de 27 meses.

 

La Contraloría lleva cerca de dos años en esta investigación para determinar dónde y por qué se produjeron los mayores pagos en la obra de ingeniería más costosa que ha tenido el país, y que vale mucho más  que la ampliación del canal de Panamá que demandó inversiones por $ 5.500 millones de dólares.

 

Según el ente fiscalizador el detrimento para la nación de $ 6.080 millones de dólares está representado en las deficiencias en la ejecución de las diferentes etapas del proyecto y que están estimadas en $ 4.144 millones de dólares, así como el lucro cesante por la entrada tardía en operación de REFICAR que implicó dejar de recibir $ 1.936 millones de dólares.

 

La Contraloría puso en evidencia millonarios sobrecostos en la compra de materiales, por los cambios en la estrategia del proyecto, por la pérdida de productividad, por las mayores horas pagadas, así como el incremento en las cantidades.

 

A ello se sumó la parálisis en las operaciones por parte de los trabajadores de la refinería entre el 16 de julio y el 23 de septiembre de 2013 que impactaron negativamente el desarrollo del proyecto en $ 565 millones de dólares.

 

El ente fiscalizador denunció en su momento una verdadera feria de contratos, muchos de ellos desventajosos para el Estado y con sobrecostos superiores al 100 por ciento. En el caso de los altos directivos de CB&I se habló de pagos de hasta $ 400 dólares por hora.

 

Debido a estos mayores valores y a las actuaciones irregulares, la  rentabilidad actual del Proyecto es de apenas el 4,35%, es decir, inferior al costo de la deuda del 5,5%.  Por cada peso aportado por los accionistas de REFICAR a capital, esta sociedad  debe 7 pesos.

 

Ecopetrol es acreedor directo de REFICAR por $ 484 millones de dólares y es acreedor indirecto a través de Ecopetrol Capital AG de REFICAR por $ 1.983 millones de dólares, al tiempo que es garante de los créditos con la banca internacional por $ 3.223 millones de dólares.

 

Cabe señalar que por estos millonarios sobrecostos Ecopetrol y REFICAR tienen una demanda ante tribunales internacionales por $ 2.000 millones de dólares en contra de CB&I.

 

En su defensa varios de los implicados han señalado en diversas ocasiones que no tenían otra opción distinta a aprobar los pagos a CB&I  “porque hubiera sido más costoso para el país haber parado el proyecto y buscar un nuevo contratista”.   Dicen que cuando Glencore se retiró del proyecto dejó con las manos atadas a Ecopetrol porque impuso como contratista a CB&I.

 

Además, aseguran que si la refinería terminó costando el doble de los previsto inicialmente esto obedeció a que “el proyecto se cambió de una manera radical con el fin de hacer una planta más moderna y con mayor capacidad, lo que demandó la compra de mayor cantidades de materiales y la contratación de más mano de obra”.

 

“Lo cierto es que este proyecto deja lecciones para el país sobre lo que no se debe hacer en materia de contratación, la falta de una auditoría y de controles más estrictos”, puntualizó, Edgardo Maya Villazón, Contralor General de la República.

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