El abogado Carlos Iván Miranda Ortiz y el periodista Jorge Toloza Fuentes unieron su talento, conocimiento, experiencia y capacidad de investigación en la creación de una oficina que se encargará, a partir de la fecha, de ejercer una estricta veeduría ciudadana a los recursos y a la contratación pública en el puerto petrolero.
De acuerdo a la información conocida por BARRANCABERMEJA VIRTUAL, los 2 profesionales del derecho y las comunicaciones actuarán en nombre de la veeduría VER POR BARRANCABERMEJA cuyas oficinas están ubicadas en el mismo edificio desde donde se origina la emisión del noticiero RPT NOTICIAS que se transmite a través de internet por CANAL VIRTUAL, ubicado en la Carrera 18 # 48-32 apartamento 301 del barrio Colombia.
Según declaraciones ofrecidas por el abogado Carlos Iván Miranda «en la actual Administración Municipal de Barrancabermeja se vienen cometiendo una serie de graves irregularidades en materia de contratación y manejo de los recursos públicos que amerita, urgentemente, la presencia de veedores ciudadanos que vigilen el manejo y destino final de los dineros públicos que son patrimonio de toda la comunidad y no de una selecto y privilegiado grupo de depredadores del presupuesto que es lo que actualmente se palpa desde varias dependencias del Municipio».
Por su parte el periodista Jorge Toloza aseguró que «en Barrancabermeja se viven actualmente unos niveles de corrupción sin precedentes en la historia del Municipio» e invitó a representantes de la comunidad a que, «si conocen de hechos de corrupción que afecten las finanzas públicas, los den a conocer, de manera reservada, a la veeduría VER POR BARRANCABERMEJA» que ellos se encargarán no solo de hacerles un seguimiento con total transparencia y rigurosidad a los hechos sino que de inmediato los denunciarán ante las autoridades competentes.
El abogado Carlos Iván Miranda y el periodista Jorge Toloza dieron a conocer el correo electrónico: verxbarrancabermeja@hotmail.com y los teléfonos celulares 317-514-4308, 350-635-5313 y 311-898-3006 para que la comunidad denuncie con absoluta privacidad toda afectación de los recursos y la contratación pública que conozcan y así poder facilitar el trabajo de la veeduría y de las autoridades.
