Hablar de “blindaje institucional” cuando amplios sectores del país sienten desconfianza frente al sistema electoral no solo resulta imprudente, sino profundamente irresponsable.
Presentar como fortaleza incuestionable el trabajo articulado de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, justo en uno de los momentos más sensibles del calendario democrático, genera más inquietudes que certezas.
No hay confianza en los jueces electorales
La narrativa instalada por buena parte de la prensa tradicional insiste en que la coordinación entre autoridades electorales, organismos de control y misiones de observación nacional e internacional constituye una garantía absoluta de transparencia.
Sin embargo, esa versión optimista contrasta con los antecedentes recientes y con las denuncias reiteradas de distintos actores políticos, entre ellos el Pacto Histórico, que ha advertido posibles sesgos e irregularidades en su contra.
No se trata de sembrar miedo infundado, sino de recordar hechos que alimentan la desconfianza ciudadana.
El episodio de las elecciones legislativas pasadas, cuando se reportaron inconsistencias que afectaron más de quinientos mil votos, dejó una huella profunda en la percepción pública.
A ello se suma la histórica decisión del Consejo de Estado que hace una década cuestionó la confiabilidad del software de escrutinio y ordenó correctivos estructurales.
¿Puede hablarse de blindaje sólido cuando persisten dudas técnicas que nunca fueron plenamente disipadas ante la opinión pública?
Las alertas también se encienden por decisiones específicas dentro del árbitro electoral.
El caso del candidato Iván Cepeda Castro y su exclusión de una consulta interna desató polémica, particularmente por la participación de un conjuez cuya trayectoria había sido previamente controvertida.
De igual forma, la presencia del magistrado Álvaro Hernán Prada en decisiones relacionadas con esta fuerza política ha sido señalada como problemática por quienes consideran que existen antecedentes de confrontación pública y jurídica que ameritarían mayor prudencia institucional.
Otro punto neurálgico es la contratación tecnológica.
La empresa Thomas Greg & Sons ha estado en el centro del debate por su papel en la logística electoral. Aunque su participación se ha defendido – supuestamente – bajo criterios de experiencia y continuidad, críticos del sistema cuestionan la concentración de funciones estratégicas en un mismo operador durante años y exigen auditorías técnicas independientes que despejen cualquier sombra de duda.
La prensa y los partidos tradicionales que le hacen oposición al gobierno progresista de Gustavo Petro respaldan públicamente la solidez del proceso. Pero la confianza no se decreta: se construye con transparencia radical, rendición de cuentas permanente y apertura total a la veeduría ciudadana.
El MIRA como víctima del sistema electoral
El antecedente del partido MIRA, que logró revertir judicialmente decisiones tras demostrarse irregularidades en el conteo, permanece como recordatorio de que los errores —o fallas graves— sí pueden ocurrir.
Minimizar esos precedentes o calificarlos como simples anécdotas técnicas es desconocer el impacto real que tienen sobre la legitimidad democrática.
La Constitución de 1991 fortaleció las bases institucionales del sistema electoral, pero ningún diseño normativo es inmune a fallas humanas, tecnológicas o políticas. Sostener que el fraude es “imposible” no es una afirmación técnica, sino una apuesta retórica que puede terminar siendo contraproducente.
Hay que dar garantías a todos
En lugar de imponer un discurso triunfalista de blindaje electoral absoluto, las autoridades deberían promover acuerdos amplios entre todas las fuerzas políticas, garantizar auditorías independientes, publicar información detallada en tiempo real y abrir espacios efectivos de control ciudadano.
Solo así se podrá transformar la desconfianza en tranquilidad y asegurar que cada voto cuente sin sombras ni sospechas. Porque la democracia no se protege con eslóganes: se defiende con hechos verificables y garantías reales para todos.
