La reforma pensional propuesta por el gobierno ha sido objeto de un ataque constante por parte de un grupo de congresistas que se autodenominan “independientes”, pero cuya postura parece alinearse más con intereses opositores que con la búsqueda de un sistema pensional más justo y equitativo para todos los colombianos.
Estas congresistas, como Katherine Miranda, Cathy Juvinao y otras afines a Claudia López, se han presentado públicamente como las defensoras de la reforma, con la promesa de apoyarla, pero, día tras día, han sembrado dudas, generado caos y, lo que es peor, han tergiversado la información de forma sistemática para minar el proceso legislativo.
El inicio de este “bullying” legislativo se remonta a su frase de bandera: «Nosotras apoyamos la reforma».
Sin embargo, al mismo tiempo, han lanzado una serie de denuncias sobre fallos en el procedimiento legislativo que, según ellas, serían indicativos de irregularidades en la forma en que se está llevando a cabo la reforma.
Los argumentos van desde críticas a la hora de citación de las sesiones hasta acusaciones sobre la publicación de los documentos, pasando por supuestos «vicios insubsanables» que no tienen base en los hechos.
Cada día, una nueva acusación, una nueva «alarma«, se lanza al aire, generando un clima de tensión innecesaria en el Congreso y dificultando la necesaria discusión técnica y política sobre el proyecto.
Lo preocupante de esta situación es que, detrás de estos supuestos fallos, lo que se busca es confundir a la opinión pública y sembrar dudas infundadas.
Si bien el proceso de reforma tiene sus complejidades, las críticas se basan en datos erróneos o tergiversados, que son repetidos con el propósito de crear un ambiente de desinformación.
En vez de promover un debate constructivo, estas congresistas parecen estar jugando al caos, obstruyendo el trabajo legislativo de manera innecesaria.
Ni vigilancia ni control
Lo que se intenta hacer ver como un acto de vigilancia y control, en realidad se convierte en una obstrucción directa al avance de la reforma pensional, una reforma que, contrariamente a lo que estas congresistas afirman, tiene el potencial de devolver beneficios perdidos en el pasado y mejorar sustancialmente las condiciones del sistema pensional en el país.
Lejos de reconocer los logros de la reforma, prefieren alentar una narrativa basada en falacias y críticas vacías.
Esta estrategia no es nueva.
La misma táctica fue empleada por la congresista Angélica Lozano en el Senado con respecto a la reforma laboral. Tras oponerse a todo, generar confusión con cifras incorrectas y sembrar dudas sobre la viabilidad de la propuesta, Lozano y su grupo terminaron reclamando el crédito por cualquier avance logrado en esa reforma, a pesar de haber sido responsables de su dilatación y, en muchos casos, de su debilidad.
A pesar de su obstinación, las reformas en ese caso se aprobaron, aunque no como ellas las hubieran querido, y al final, su participación fue más un obstáculo que una ayuda.
Hoy, las “comadres” del grupo de congresistas en cuestión repiten el mismo patrón con la reforma pensional.
Se presentan como defensoras de la legalidad, cuando en realidad están actuando de manera hostil y poco conciliadora. Su actitud de bloquear cualquier avance del gobierno en esta área se alinea más con la oposición que con la colaboración.
No parece haber un genuino interés en mejorar la reforma pensional; lo que realmente buscan es frustrar cualquier tipo de cambio que favorezca a las mayorías, manteniendo el statu quo que les resulta conveniente a ciertos sectores.
Lo que se está viviendo en el Congreso no es un debate de ideas, sino una táctica de sabotaje orquestada con el fin de frenar la reforma. Y lo peor es que, aunque pretenden ser las defensoras de la justicia y la transparencia, su proceder está demostrando que son, en realidad, las mejores aliadas de aquellos que se oponen a cualquier cambio en el sistema pensional.
