En los últimos días, el debate sobre la crisis de Air-e, la empresa encargada de la distribución de energía en la región Caribe de Colombia, ha vuelto a acaparar los titulares.
La periodista Paola Herrera, conocida por su postura crítica hacia el gobierno de Gustavo Petro, publicó un artículo en la Revista Cambio titulado “Radiografía de la crisis en Air-e que se agravó bajo el gobierno Petro: ¿el apagón fue solo el comienzo?”.
Paola sin rigor ni contexto histórico
La investigación pretende mostrar – sin exponer el contexto real de la situación – cómo la intervención del gobierno Petro en la compañía no sólo no resolvió los problemas estructurales que enfrenta la empresa, sino que los profundizó aún más.
Hoy, según Paola Herrera, la región enfrenta apagones recurrentes, altos niveles de deuda y fuertes disputas políticas que amenazan con colapsar el servicio eléctrico en la costa Caribe, igual como ocurría antes de la intervención .
Además resalta que la Fiscalía ha comenzado a investigar varios contratos aparentemente firmados después de la toma de control por parte del gobierno. Estos contratos se están examinando bajo la lupa de la ley, pues el manejo de los recursos públicos y las posibles irregularidades han levantado – según Paola – sospechas sobre la correcta administración de los fondos destinados a la empresa.
En respuesta a la publicación de Herrera, el agente interventor de Air-e y actual ministro de Energía, Edwin Palma, salió al paso para desmentir categóricamente la información presentada por la periodista.
Una investigación incompleta
Palma criticó duramente la investigación y la acusó de ser incompleta, asegurando que había omitido datos clave sobre la situación previa a la intervención gubernamental.
En la investigación, la periodista no mencionó – no se sabe con qué intención – las millonarias deudas acumuladas por Air-e, ni la falta de inversión en infraestructura antes de la intervención estatal.
Además, recordó que durante el gobierno anterior, se destinaron billones de pesos en recursos públicos para administrar el servicio eléctrico en la región, sin que se pudiera identificar claramente el destino de esos fondos.
«Ustedes quieren hacer ver que el problema es de los últimos ocho meses, cuando billones de recursos públicos en el gobierno pasado se dispusieron para administrar ese mercado que en menos de tres años no se supo dónde terminaron«, expresó Palma.
También cuestionó la validez de las conclusiones de la periodista sobre el apagón sufrido en la región, sugiriendo que se necesitaba un peritaje técnico y una visita de campo para esclarecer las causas del incidente.
Sobre el Superintendente de Servicios Públicos
Además, Palma se refirió a las críticas sobre su relación con el Superintendente de Servicios Públicos, asegurando que no existía ninguna diferencia sustancial entre ellos.
“Trabajamos articuladamente por garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica y gas para el país”, afirmó, restando importancia a los rumores sobre un conflicto interno en el gobierno.
Paola Herrera recibe muchas críticas
En las redes sociales, la crítica hacia la labor de Paola Herrera no se hizo esperar. Muchos usuarios consideraron que la periodista había fallado en su labor investigativa, señalando la falta de rigurosidad en su trabajo y su aparente falta de contraste de fuentes.
«Lamentable ver cómo Paola Herrera terminó siendo una periodista más del montón: sin rigurosidad, sin contraste de fuentes y mostrando solo una cara de la ‘investigación’.
¿Dónde quedó la ética periodística?», fueron algunas de las críticas que se viralizaron rápidamente.
Este episodio pone de manifiesto la creciente polarización en el debate sobre la gestión de los servicios públicos en Colombia, especialmente en lo que respecta a la intervención estatal en empresas privadas.
La crisis del sector eléctrico
Mientras algunos defienden la necesidad de una intervención gubernamental para garantizar el acceso a servicios básicos como la electricidad, otros argumentan que esta no ha sido más que una solución improvisada que ha empeorado aún más la situación.
La crisis de Air-e, con su mezcla de problemas financieros, fallas operativas y enfrentamientos políticos, sigue siendo uno de los temas más debatidos en la agenda pública.
A medida que avanza el tiempo, las preguntas sobre el rol de un periodismo parcializado en contra del gobierno y en defensa del sector privado en la narración de estos hechos continúan sin respuestas claras.
La gente se pregunta cada vez más, qué clase de intereses mueven a estos periodistas, que se empeñan en atacar al gobierno que busca soluciones y no se centran en la corrupción del operador privado que generó las crisis.
