En un nuevo episodio de la creciente tensión política en Colombia, los partidos de oposición han decidido retirarse de la Comisión de Seguimiento Electoral.
La decisión, anunciada como un acto de protesta, surge en medio de fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, a quien señalan de mantener un clima de hostilidad hacia sus adversarios políticos.
La medida fue tomada pese a que los mismos partidos habían denunciado previamente supuestas faltas de garantías en el proceso electoral, lo que ha generado interrogantes sobre la coherencia de su postura.
Deslegitimar los esfuerzos institucionales del Gobierno
La renuncia a participar en la Comisión es interpretada como una forma de deslegitimar los esfuerzos institucionales del Gobierno por garantizar transparencia electoral.
Al mismo tiempo, se plantea como una estrategia para presionar políticamente, capitalizando los recientes hechos de violencia que han marcado el panorama político, como el atentado sufrido por el senador Miguel Uribe Turbay.
Precisamente este hecho ha sido utilizado por figuras de peso en la oposición, incluyendo al ex presidente César Gaviria, quien junto a otros líderes de partidos tradicionales, ha solicitado al presidente Petro que detenga el trámite de la consulta popular impulsada por su gobierno.
Esta consulta forma parte de un paquete de reformas sociales de profundo calado, entre las que se incluye la recuperación de derechos laborales perdidos durante gobiernos anteriores, en particular durante la administración de Álvaro Uribe Vélez.
La solicitud de frenar la consulta, sustentada en el argumento de que el clima de violencia política impide su trámite en condiciones adecuadas, ha sido recibida con escepticismo por sectores afines al gobierno y por parte de la opinión pública.
Para muchos, no se trata de una preocupación genuina por la seguridad democrática, sino de una jugada oportunista para frenar las reformas que amenazan con reconfigurar el poder económico y político en el país.
Están instrumentalizando el atentado
Los sectores progresistas han señalado con contundencia que la oposición está instrumentalizando el atentado contra Miguel Uribe, un hecho lamentable que todos los sectores han condenado, pero que está siendo aprovechado con fines claramente políticos.
Para ellos, no es coincidencia que el llamado a detener la consulta se dé en un momento en que el gobierno busca impulsar reformas sociales que incomodan a sectores empresariales y políticos tradicionales, acostumbrados a manejar las instituciones a su favor.
Aunque el ambiente político actual sí presenta signos preocupantes de polarización, confrontación y riesgos para la seguridad de los líderes políticos de todas las corrientes, no se puede culpar al gobierno de esto por querer adelantar las reformas que el país necesita.
Un acto de oportunismo político
En todo caso, el debate sobre si la actitud de la oposición es un acto de oportunismo político o un legítimo reclamo democrático sigue abierto.
Lo que resulta claro es que el conflicto entre el Ejecutivo y los partidos tradicionales está escalando, y que en el fondo se libra una batalla mucho más amplia: la disputa por el rumbo que tomará Colombia en los próximos años, ya sea en continuidad con las estructuras del pasado o en una dirección de cambio que busque mayor equidad social.
El país se encuentra en una encrucijada en la que cada decisión política tiene repercusiones profundas. Y mientras la oposición busca detener las reformas, el gobierno insiste en avanzar.
La pregunta de fondo permanece: ¿quién representa realmente los intereses de la mayoría de colombianos?
