La Procuraduría General de la Nación ha solicitado de manera urgente al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, un informe detallado sobre las razones por las cuales no se ha garantizado el transporte escolar en el municipio.
Esta situación afecta gravemente a cientos de niños y niñas de sectores vulnerables, quienes dependen de este servicio para acceder a sus instituciones educativas.
La falta de transporte escolar no solo pone en riesgo el derecho fundamental a la educación, sino que también expone a los menores a posibles peligros al verse obligados a buscar alternativas inseguras para desplazarse.
El retraso en la garantía del transporte escolar ha generado una crisis que afecta directamente a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
Muchos de estos menores viven en zonas rurales o barrios periféricos, donde la falta de acceso a medios de transporte adecuados dificulta su asistencia regular a clases. Esto incrementa el riesgo de deserción escolar y perpetúa el círculo de pobreza en el que se encuentran muchas de estas familias.
El llamado de la Procuraduría es una acción necesaria ante la inoperancia de la administración local.
No es la primera vez, durante este gobierno, que Barrancabermeja enfrenta problemas con la prestación de servicios básicos en la educación, pero el hecho de que el transporte escolar no esté operativo a estas alturas del año es un reflejo de la falta de planeación y compromiso por parte del gobierno municipal.
A esto se suma la preocupación de los padres de familia, quienes han manifestado su indignación por la falta de soluciones concretas. «No todos podemos pagar el transporte privado. Si el alcalde no soluciona este problema, nuestros hijos perderán el año escolar», declaró una madre afectada por la situación.
Mientras tanto, el alcalde de Barrancabermeja sigue sin dar respuestas claras.
Los ciudadanos han expresado su molestia por la falta de acción de la administración local, especialmente cuando el mandatario ha estado ausente en varias ocasiones. «No es posible que el alcalde esté de permiso mientras nuestros hijos están perdiendo clases. Exigimos soluciones inmediatas», reclamó otro ciudadano.
El llamado de la Procuraduría no puede quedar en el aire. Se necesitan respuestas y acciones concretas para resolver esta problemática de manera urgente. La educación de los niños no puede seguir siendo relegada a un segundo plano por falta de voluntad política y gestión eficiente.
Es fundamental que la administración municipal agilice los procesos necesarios para poner en funcionamiento el transporte escolar lo antes posible.
Ya sea mediante la contratación de empresas de transporte, la asignación de recursos adicionales o la implementación de un plan de contingencia, lo cierto es que no se puede seguir postergando una solución.
Además, es urgente que las entidades de control como la Procuraduría y la Contraloría realicen un seguimiento riguroso a la gestión de estos recursos, para evitar que se repitan este tipo de irregularidades en el futuro. La educación es un derecho y garantizar su acceso es una responsabilidad del Estado.
Los habitantes de Barrancabermeja merecen un alcalde comprometido con la educación y el bienestar de la niñez.
No se puede permitir que la negligencia y la falta de gestión pongan en peligro el futuro de los estudiantes. La comunidad debe seguir exigiendo respuestas y soluciones efectivas. Es momento de actuar y de garantizar que ningún niño más se quede sin asistir a la escuela por culpa de la ineficiencia administrativa.
