Con 50 millones de pesos de salario y todas las prestaciones de ley, estos senadores y senadoras le niegan derechos a la población trabajadora más vulnerable del país.
Mientras gozan de privilegios exorbitantes pagados con los impuestos de los ciudadanos, se niegan a legislar en favor de quienes más lo necesitan.
Su negativa a discutir y aprobar una reforma laboral que garantice mejores condiciones para los trabajadores precarizados es una muestra de su falta de compromiso con el bienestar de la mayoría.
En Colombia, miles de trabajadores y trabajadoras desempeñan sus labores en condiciones de explotación y sin garantías laborales.
Las víctimas son los que más necesitan
Las trabajadoras domésticas, los mensajeros, los obreros de la construcción y muchos otros sectores siguen siendo víctimas de la informalidad, los bajos salarios y la falta de seguridad social.
La reforma laboral busca corregir estas injusticias, pero los senadores, en un acto de prepotencia y arbitrariedad, han decidido frenar su discusión, condenando a millones de colombianos a la precariedad laboral.
No cumplir con su deber de legislar en favor del pueblo es un acto de traición a la democracia. Estos senadores prefieren servir a los intereses de los grandes empresarios y patrocinadores que financian sus campañas, en lugar de responder a las necesidades de la ciudadanía.
Su inacción no solo retrasa el progreso del país, sino que perpetúa un modelo de desigualdad e injusticia social que afecta a las clases trabajadoras y vulnerables.
El castigo a estos desalmados legisladores debe ser ejemplar.
La sociedad colombiana en su totalidad debe recordar sus nombres y sus acciones cuando llegue el momento de votar.
Ni un solo voto para estos politiqueros enemigos del pueblo. La democracia otorga a los ciudadanos el poder de elegir a sus representantes, y es fundamental que este poder se use para desterrar del Congreso a quienes han demostrado no estar a la altura del compromiso que exige el servicio público.
Pero el rechazo a estos senadores no debe limitarse únicamente a las urnas.
Es necesario que estos temas sean discutidos en todos los rincones de la sociedad colombiana. Los trabajadores, los sindicatos, las universidades, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general deben unir sus voces para exigir que se dé trámite a la reforma laboral.
Solo con presión social y movilización se podrá hacer frente a los intereses de quienes buscan perpetuar la explotación laboral en el país.
La lucha por una reforma laboral justa es la lucha por la dignidad de millones de trabajadores. No se trata de ideologías ni de discursos vacíos, sino de garantizar condiciones de vida dignas para quienes con su esfuerzo diario sostienen la economía del país.
Negarles sus derechos es atentar contra el futuro de Colombia y contra los principios de equidad y justicia social que deberían regir cualquier sociedad democrática.
La reforma laboral vuelve a sus preguntas iniciales que ahora se trasladarán al pueblo.
— Barrancabermeja Virtual (@BcaVirtual) March 12, 2025
Lo que es posible decretar se decretará en los próximos días.
El poder del pueblo es el poder de movilizarse, pero sobre todo es el poder de decidir.
Si no se deja decidir al pueblo no hay… pic.twitter.com/RjlTsDLzgs
Es momento de actuar.
La historia ha demostrado que cuando la ciudadanía se une en torno a una causa justa, es capaz de vencer incluso los más poderosos obstáculos.
Los trabajadores colombianos no pueden quedarse en silencio ante esta injusticia. Es hora de exigir que el Congreso cumpla con su deber y legisle a favor del pueblo, no de los intereses privados de unos pocos.
Que la memoria y la conciencia social sean las herramientas con las que se castigue a estos senadores en las próximas elecciones. Que el pueblo recuerde quiénes le dieron la espalda y quiénes lucharon por sus derechos.
Y que la voz de los trabajadores resuene en cada espacio de discusión, para que nunca más la clase política tenga la posibilidad de ignorar sus necesidades y perpetuar su sufrimiento.
