La renuncia del representante a la Cámara por el Centro Democrático Edwin Ballesteros es el final de una serie de pruebas y testimonios que la Corte Suprema de Justicia viene recogiendo desde 2019 en contra del hombre que fue uno de los escuderos de Richard Aguilar durante su gobernación.
En redes sociales la imagen del parlamentario dimitiendo a su curul en medio del llanto no solo levantó críticas y respaldos. También reavivó las opiniones sobre el proceso en el que es señalado de participar en un carrusel de contratos entre 2014 y 2016 cuando gerenció la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), una entidad que nació durante esa administración con el ánimo de resolver los problemas de agua potable de la mayoría de los municipios santandereanos.
Ballesteros es investigado por, presuntamente, haber cobrado de coimas y favorecido la asignación de contratos mientras estuvo en la gerencia de la Esant, en un entramado que ha venido desenredando la propia exsecretaria de Infraestructura de Aguilar, Claudia Janeth Toledo Bermúdez, y su esposo, Lenin Pardo, quien era contratista de la gobernación.
El diputado santandereano Ferley Sierra, de la Alianza Verde, detalla que el exparlamentario acompañó a Richard Aguilar en la campaña y posteriormente en el gobierno. Y tan pronto Aguilar consiguió el cargo, “crean la empresa (Esant) y ahí ponen como gerente a Edwin Ballesteros, un tipo sin experiencia”.
Desde este cargo, presuntamente, empezó a hacer movidas para conseguir coimas mientras promovía la construcción de acueductos en los municipios de Santander.
Uno de los casos más sonados fue el del acueducto de Landázuri, conocido porque en un chat entre Lenin y Ballesteros se habla de convocar a una cantidad de personas –entre 100 y 150–, que sería la forma a la que se referían al pago de una coima que llegaría a 150 millones de pesos.
Por esto, el excongresista es investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.
Más allá de las coimas
Las irregularidades en la contratación en acueductos y rellenos sanitarios en Santander son las que investiga la Corte y que tienen a Edwin Ballesteros contra las cuerdas.
Luego de la renuncia de sus abogados, Ballesteros solo vio como salvavidas separarse de su curul para que el proceso pase a manos de la Fiscalía, la opción que han tomado otros congresistas para que los procesos en su contra se retrasen.
De hecho, lo mismo hizo Richard Aguilar después de que el alto tribunal dictó medida de aseguramiento en su contra por el mismo caso.
Sierra manifiesta que, más allá de las coimas, están los desastres que el exparlamentario dejó en algunos de los municipios, donde a pesar de las de vallas y los anuncios de la construcción de los acueductos, estos no funcionan o hay trabajos a medio hacer.
Ese es el caso del acueducto prometido para el municipio de Los Santos, uno de los que más sufren en la época de verano, pues sus habitantes casi que deben pasar por una sequía rogando por lluvias.
La promesa de un acueducto por parte de Ballesteros se quedó en eso: a pesar de que se giraron recursos y se empezaron obras, todo se quedó sobre la marcha.
El ahora exrepresentante a la Cámara dice que la Corte Suprema de Justicia vulneró sus “garantías constitucionales” y violentó su “derecho fundamental a la defensa”, y en eso basa su decisión para justificar su renuncia al Congreso.
En todo caso, más allá de lo que diga, su proceso representa otro golpe al clan Aguilar de Santander.
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