En Colombia, el panorama político se ha tornado cada vez más polarizado y crispado. La oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro ha intensificado su estrategia, bloqueando sistemáticamente todas las iniciativas legislativas del Ejecutivo, incluso aquellas que buscan corregir inequidades estructurales y recuperar derechos laborales históricamente desmantelados por gobiernos anteriores.
El Congreso, dominado en gran parte por partidos tradicionales y por actores del llamado “centro”, ha utilizado todo tipo de artimañas para entorpecer la agenda del gobierno: demandas infundadas, noticias falsas propagadas por medios tradicionales, y el archivamiento sin discusión de la reforma laboral la más importante para los sectores populares.
Esta oposición no solo se ha mostrado cerrada al debate democrático, sino que ha elevado el tono de sus acusaciones con una total irresponsabilidad.
Sin pruebas concretas, han acusado al presidente Petro de dictador, de violar la Constitución, de usurpar poderes públicos, e incluso de estar vinculado al atentado contra el senador Miguel Uribe, todo ello sin presentar evidencia alguna que lo relacione directa o indirectamente con los hechos.
¿Cómo responde el gobierno?
Paradójicamente, en medio de esta embestida, el gobierno ha actuado dentro del marco institucional, respetando los derechos y libertades de todos los actores políticos.
No hay represión, no hay censura, no hay persecución judicial a opositores. Sin embargo, el discurso mediático, amplificado por expresidentes, grandes gremios económicos y los principales medios de comunicación tradicionales, insiste en pintar a Petro como una amenaza a la democracia, comparándolo reiteradamente con líderes autoritarios de la región, especialmente con el régimen venezolano, pese a que no hay hechos que sustenten tal analogía.
En un nuevo giro político, estos sectores han convocado una marcha “del silencio” y en “defensa de la democracia”, que en realidad parece ser una manifestación contra el avance de las reformas sociales.
Lo que une a los convocantes —desde figuras del uribismo hasta ciertos sectores empresariales— no es la preocupación por la institucionalidad, sino la defensa de un modelo que por años ha privilegiado a las élites en detrimento de las mayorías.
Ante el cerco legislativo y mediático, el gobierno de Petro ha optado por una respuesta democrática y audaz: recurrir al elector primario mediante una Consulta Popular.
El objetivo es claro:
Devolverle a la clase trabajadora los derechos laborales que le fueron arrebatados por el modelo neoliberal implementado durante los gobiernos anteriores, especialmente durante el uribismo.
Se trata de una apuesta por la soberanía del pueblo, una forma legítima de resolver los grandes bloqueos institucionales que impiden avanzar en la justicia social.
El gobierno muestra resultados
Mientras tanto, los indicadores macroeconómicos muestran estabilidad: la economía se mantiene sólida, el peso colombiano resiste la volatilidad internacional, el turismo crece de manera sostenida y la transición energética avanza a paso firme con nuevas fuentes renovables en marcha.
Además, el gobierno ha dado importantes golpes al narcotráfico, debilitando estructuras criminales que por años operaron con impunidad.
En el ámbito internacional, Petro se consolida como un líder respetado, especialmente por su firme postura en defensa del medio ambiente, la paz regional y los derechos de los pueblos. Su papel en foros multilaterales ha elevado el perfil de Colombia en la escena global.
En definitiva, el ataque feroz de la oposición no responde al temor por una dictadura —que claramente no existe— sino al miedo de que las mayorías, empoderadas, recuperen lo que durante años les fue negado: trabajo digno, salud, educación y participación real. La lucha hoy no es entre democracia y autoritarismo, sino entre quienes quieren un país más justo y quienes temen perder sus privilegios.
