La desaparecida EPS Medimás nació de una arriesgada apuesta que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos en cabeza de su ministro Alejandro Gaviria, para solventar la situación de Cafesalud, uno de los negocios de la liquidada Saludcoop.
Una actuación normativa conjunta entre el Ministerio de Salud cuyo ministro era Alejandro Gaviria y Súper Salud le costó el cargo a director Norman Muñoz quien renuncio luego de que la Procuraduría General de la Nación lo suspendiera del cargo por autorizar operación a Medimás EPS sin contar con una red prestadora de servicios.
A través del decreto 681 del 2015, el Ministerio de Salud en cabeza de Alejandro Gaviria adquirió con dinero público bonos obligatoriamente convertibles en acciones de Café Salud EPS por $200.000 millones y también se pagaron parte de las deudas que traía.
¿Qué pasó con esa riesgosa inversión?
Ni las advertencias de los usuarios, ni el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, evitaron que la agente liquidadora de Saludcoop avanzara con la venta de los activos, de Café Salud EPS y las clínicas y hospitales de Esimed.
¿Tras la responsabilidad de funcionarios públicos?
Sin embargo, la participación de Alejandro Gaviria en las elecciones presidenciales y su posterior nombramiento en el gabinete de Petro, volvió a poner en la palestra pública a la desaparecida EPS, porque a pesar de lo ocurrido y del daño económico provocado, las condenas o investigaciones adelantadas por organismos de control y justicia, no han alcanzado al ex ministro de Salud; ni al ex superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz; ni a la ex directora de la ADRES, Carmen Eugenia Dávila.
A la fecha se conocen las actuaciones judiciales contra Guillermo Grosso, ex gerente liquidador de Cafesalud, a quien hace apenas un mes La Fiscalía General de la Nación le formuló cargos por el delito de cohecho impropio, por otorgar dos contratos por un valor total de 52.600 millones de pesos a una Institución Prestadora de Salud (IPS) que, supuestamente, había creado junto con un conocido, con el fin de atender a 70.000 pacientes en las localidades de Engativá y Suba, en Bogotá.
Grosso además quedó en libertad tras el vencimiento de términos de otra investigación que le adelantaba la Fiscalía por negociar contratos a falta de dádivas.
También en enero, la Fiscalía le imputó cargos al ex presidente de la EPS Medimás, Néstor Orlando Arenas Fonseca, por las irregularidades en dos procesos de contratación efectuados en diciembre del 2017.
La imputación también se extiende para la contratista Mercedes Berrera Botia y al propietario de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), José Leonardo Olaya Forero; por al parecer haber desviado más de 7 mil millones de pesos, que eran dirigidos para atender a pacientes con enfermedades de alto costo.
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La Contraloría General de la República por su parte, imputó responsabilidad fiscal solidaria por $65.616 millones contra Medimás EPS SAS hoy en liquidación y ocho de sus directivos y Century Farma SAS hoy en liquidación, por el detrimento al patrimonio público generado por el manejo irregular dado a los recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
En la investigación llevada a cabo la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción se determinó que registraban pagos de servicio médicos a personas fallecidas por valores de más de 46.306 millones de pesos.
Sumado a lo anterior, se registró el pago de anticipos a empresas contratistas en procesos de liquidación legalizados por un valor de $62.588.775.380; y de anticipos a empresas contratistas con débiles estructuras financieras que superaban los $62.588.775.380 millones de pesos.
Y desde septiembre de 2022 la Contraloría abrió un proceso en contra del prestador de servicios por la pérdida de $842.449 millones entre el 1 de agosto de 2017 hasta el pasado 16 de marzo de 2022, ya que evidenció irregularidades en la legalización de los anticipos causados desde hace cinco años, lo que trajo dudas sobre la administración, gestión y custodia de los recursos del sistema de salud.
Ahora es la Oficina de Transparencia de la Presidencia la que ha “puesto el ojo” en lo ocurrido con la desaparecida Medimás, que probablemente indagará con mayor detalle el papel que jugaron los ahora ex funcionarios públicos en este proceso.
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