El fiscal general encargado, Fabio Espitia, le aceptó la renuncia protocolaria al director de la Unidad para la Seguridad Ciudadana.
Luis González León dejará de hacer parte de la cúpula de la Fiscalía después de años de buena racha. Será reemplazado por Claudia Carrasquilla, quien venía dirigiendo las investigaciones contra la delincuencia organizada.
La llegada de Fabio Espitia a la Fiscalía General de la Nación en interinidad le sacudió el piso a Luis González León, un fiscal que llevaba más de 22 años en la entidad ocupando un lugar predilecto en su cúpula, administración tras administración.
Después de varias semanas de silencio, finalmente se confirmó que Espitia le aceptó a González la carta de renuncia protocolaria con lo que sella su salida de la dirección de la Unidad de Seguridad Ciudadana.
Este grupo a cargo de González fue repotenciado recientemente para dar cumplimiento a compromisos adquiridos por el Estado en el marco del acuerdo de paz.
Así las cosas, la unidad quedó a cargo de la dirección, coordinación y control de las investigaciones y judicializaciones en todo el territorio nacional. Según resultados anunciados por quien hasta ahora fue su director, el grupo logró avanzar en el esclarecimiento del 57 por ciento de los asesinatos a líderes sociales en los últimos tres años.
Mediante la resolución 00328 del 2 de abril de 2018, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez le asignó a esta unidad la función adicional de establecer las políticas de dirección, administración y control del sistema de interceptación de las comunicaciones de la entidad, es decir, el control de las salas técnicas desde donde el ente acusador monitorea líneas telefónicas se supone, exclusivamente, bajo aprobaciones de jueces de garantías.
Sin embargo, en esas dependencias se han dado capturas de funcionarios por chuzadas ilegales.
La forma en que venía operando la plataforma Esperanza quedó en el ojo del huracán en los últimos meses tras desmantelarse una red criminal integrada por oficiales retirados que consiguió infiltrar el búnker y chuzar ilegalmente.
Por estos hechos hay dos exfuncionarios de la Fiscalía capturados: el exfiscal Fabio Augusto Martínez Lugo y el excoordinador de la Sala Diamante Luis Carlos Gómez Góngora.
El último fue sentenciado tras aceptación de cargos a ocho años y cuatro meses de prisión. Se espera que la Fiscalía inicie contra ambos por lo menos dos procesos más.
Los casos que hasta ahora han quedado al descubierto están relacionados con espionaje corporativo de clientes de una organización criminal, detrás de la cual estarían el coronel retirado Jorge Humberto Salinas y el general, también en retiro, Jorge Humberto Guatibonza, entre otros.
Los resultados parciales de una auditoría a las salas de interceptación de la Fiscalía revelaron cómo los exfuncionarios de la Fiscalía capturados usaron informes de otros procesos judiciales para justificar interceptaciones y darles apariencia de legalidad.
Desde sus inicios Luis González León fue fiscal delegado ante el Gaula, donde forjó una buena amistad con varios de sus directores. Uno de ellos, fue precisamente el general Guatibonza, quien ahora defiende su inocencia en los estrados judiciales.
Por años, Luis González León fue la mano derecha de los fiscales de turno. El exfiscal Mario Iguarán lo puso en la dirección de la Unidad de Justicia y Paz; luego Viviane Morales lo designó como director contra las bandas criminales; después, Eduardo Montealegre le dio la dirección del CTI en encargo y después lo puso en la Unidad de Seguridad Ciudadana.
A su llegada a la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez lo confirmó como director de este grupo, desde donde González dirigió una de las investigaciones más polémicas de los últimos tiempos: las muertes de Jorge Enrique Pizano, testigo estrella en el caso Odebrecht, y la de su hijo Alejandro Pizano.
La no legalización a tiempo de evidencia crucial recaudada en una inspección a la casa de los Pizano llevó a que González León fuera denunciado por la Red de Veedurías Ciudadana.
Pero una Fiscalía delegada ante la corte se negó a investigarlo al considerar que González León no era el funcionario judicial que conocía directamente del proceso y por tanto no intervino en la recolección de material probatorio.
Al final, el ente investigador presentó sus conclusiones frente al espinoso caso Pizano y lo dio por archivado. Estableció que Jorge Enrique Pizano murió de causas naturales y su hijo Alejandro por la ingesta accidental de una mezcla de cianuro que había dejado su padre antes de morir.
A pesar de ese impasse el fiscal general Martínez Neira siempre tuvo en gran estima a González León, en reuniones de la cúpula se refería a él como «el decano» del búnker.
Ante los medios de comunicación, Espitia sostuvo que como fiscal general encargado haría cambios mínimos en su equipo de confianza. Desde el comienzo se especuló de la existencia de profundas diferencias con González León.
No obstante, su salida de la dirección de Seguridad Ciudadana se da por las vías protocolarias y continuará ejerciendo como fiscal delegado ante el tribunal Superior de Bogotá, un cargo que consiguió desde hace décadas cuando el exfiscal Alfonso Gómez Méndez lo llevó a trabajar a la entidad.
En el entretanto, Luis González inició movimientos para tratar de saltar de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia. Su nombre aparece en la lista de candidatos a reemplazar al magistrado Luis Guillermo Salazar, quien terminó su periodo hace algunos meses.
No es la primera vez que el fiscal González se postula para altos cargos por fuera de la Fiscalía, antes ha intentado llegar a magistrado y también a fiscal general.
Para reemplazar a González León en la dirección de Seguridad Ciudadana, Espitia nombró a Claudia Carrasquilla, quien se había desempeñado en la dirección seccional de fiscalías de Medellín y en la dirección de la delegada contra criminalidad organizada.
Este último cargo, lo ocupará a partir de ahora Myriam Medrano Gómez, una abogada que lleva más de 17 años en la Fiscalía.
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