Algo extraño ocurre en el Concejo Municipal de Barrancabermeja por la citación de la Fiscalía a 11 de los corporados del municipio. Específicamente, fueron notificados para este lunes por la Fiscalía Novena Especializada por delitos contra la Administración Pública a lo que se conoce como una diligencia de arraigo, que tiene a más de un político con «los pelos de punta» por las decisiones que pueda tomar el ente acusador en el proceso que inicia.
El concejal Luis Arismendi —uno de los corporados citados y quien pertenece al Movimiento Ciudadano CC— ha sido el primero de ellos que ha hablado para medios de comunicación y lo ha hecho para ratificar que «si están citados los once concejales este lunes pero que no conocen por qué motivos».
Dijo Arismendi que “recibimos una citación el viernes 10 de mayo donde nos están citando a once concejales para una audiencia, pero no sabemos cuál es el motivo para los que se nos cita todo el día lunes”.
Explicó el concejal Arismendi que «cada media hora, desde la ocho de la mañana, están citados a interrogatorios por parte del ente acusador».
Agregó el corporado que “hay muchos interrogantes, la verdad, quiero decir a la opinión pública, no es como dicen en redes sociales que nos van a capturar porque cuando la Fiscalía va a capturar no se pone a citar a nadie”, dijo.
¿De qué se trata la investigación?
BARRANCABERMEJA VIRTUAL tiene (2) dos hipótesis sobre las posibles investigaciones contra los concejales citados. Dichas versiones han sido mencionadas igualmente por algunos de los implicados.
La primera tiene que ver con el trámite de un proyecto de acuerdo por el cual se buscaba derogar el artículo 44 del acuerdo 038 de 2017 que buscaba quitarle las facultades al Alcalde Municipal, relacionados con créditos y contra créditos en el Presupuesto Municipal.
La iniciativa estaba radicada como proyecto de Acuerdo 010 de 2018 y su ponente era el concejal Hober Torres, involucrado en las investigaciones mencionadas. Dicha denuncia, por presunto prevaricato, fue formulada por el ciudadano Tito Eduardo Monsalve Salazar.
La otra versión que se escucha en corrillos y mencionada por el concejal Torres podría estar relacionada con un anónimo que se hizo llegar a la Fiscalía General de la Nación cuando el Concejo de Barrancabermeja tramitaba el cambio de destinación de $ 50 mil millones de un crédito para el cierre financiero de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) San Silvestre.
En ambas situaciones, se especula, pudo haber interceptaciones telefónicas en las estarían implicadas —incluso— personas ajenas a la corporación edilicia.
Por lo pronto, el concejal Arismendi recordó que “esta no es la primera vez que la Fiscalía cita a los corporados para que respondan por el trámite de proyectos de acuerdo u otras actuaciones en el Concejo Municipal”.
